José Carlos MAURICIO

La financiación solo será justa si el reparto se hace solo por el criterio de población, sin correctores de envejecimiento, dispersión o insularidad * El Gobierno intentar utilizar la asamblea territorial para escapar del bloqueo en el Congreso

La Conferencia de Presidentes del próximo martes inicia el nuevo curso político y marcará el escenario para el decisivo año 2017. El Gobierno le quiere dar carácter de gran acontecimiento. Se celebrará en el Senado, presidida por Rajoy, al que acompañarán la vicepresidenta y los principales ministros, junto a los presidentes de todas, o casi todas, las comunidades autónomas. Llevan dos meses preparándola, en reuniones de los ministros con los consejeros de Hacienda y Presidencia de los Gobiernos autonómicos. Paralelamente, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha visitado Cataluña y el País Vasco para presentar la oferta de inversión y mejoras en la financiación a las autonomías más conflictivas. A cambio de atraerles a “la importante reunión” del martes, objetivo que no ha conseguido.

 

El tema clave de la reunión es, por supuesto, la reforma del sistema de financiación de los grandes servicios públicos del Estado. En especial, Educación y Sanidad, a las que se une ahora Dependencia. Son servicios que han sufrido importantes recortes en los últimos siete años, desde que entró en vigor el actual sistema que se aprobó en el 2009. Estaba establecido que sería reformado en el 2014, pero el Gobierno lo ha ido aplazando injustificadamente, con desastrosos efectos sobre estos esenciales servicios, sobre todo en las comunidades autónomas peor financiadas, como Canarias.

 

Llama la atención que en las reuniones preparatorias se haya insistido en ampliar el orden del día a otros muchos temas, sin duda importantes, pero difíciles de debatir con rigor en una reunión tan densa. Se podría pensar que un orden del día tan amplio responde a una táctica del Gobierno para convertir esta asamblea territorial en un sucedáneo que sustituya de hecho al Congreso de Diputados. Y así escapar del bloqueo en que se encuentra el Gobierno de Rajoy, cien días después de su constitución, que parece seguir en funciones. Porque en estos tres meses el Gobierno es derrotado sistemáticamente en el Congreso, donde solo se aprueban resoluciones que pretenden cambiar o anular todas las políticas puestas en marcha por el PP en los últimos años. Desde la reforma educativa a la laboral, pasando por la fiscal y las políticas de seguridad.

 

Le falta además lo principal: aprobar el Presupuesto del 2017, con los recortes y control del déficit que le exige la Unión Europea. Sin presupuesto, el Gobierno está totalmente maniatado, porque las iniciativas negociadoras de Montoro y Santamaría han fracasado hasta ahora. Lo intentaron con el PNV para sumarlo al acuerdo que ya tenían con Ciudadanos y Coalición Canaria. Pero con los vascos se ha hecho muy difícil negociar: se sienten seguros en el Gobierno de Euskadi y eso les permite exigir mucho, fuertes inversiones en infraestructuras, mejorar su inmejorable concierto y acabar con los innumerables contenciosos con el Estado en el Constitucional. El resultado es que la visita de la vicepresidenta al País Vasco se saldó con un fracaso. Por de pronto no irá a la Conferencia de Presidentes, exigen una negociación bilateral de presidente a presidente de los dos gobiernos, Rajoy y Urkullu. Entienden que su concierto económico les da derecho a un trato especial y no aceptan mezclarse con los demás.

 

La vicepresidenta, frustrada, fue después a Cataluña. El resultado fue aún peor: se ofreció a negociar cuarenta puntos presentados por la Generalitat a cambio de eliminar el punto del referéndum. Pero la respuesta de Junquera, vicepresidente catalán, fue que solo quieren negociar el referendo y que todo lo demás apenas les importa. Y para ello exigieron también una negociación bilateral, de gobierno a gobierno, entre Rajoy y Puigdemont para hablar, sobre todo, de una consulta pactada. Es decir, estamos otra vez ante el choque de trenes. Con una diferencia: los catalanes volverán a escenificar en septiembre la consulta que ya hicieron hace dos años; pero el gobierno parece que se prepara para impedirlo y amenaza con recuperar el control de la policía catalana y utilizarla claramente para ello.

 

En un escenario así, la aprobación urgente del presupuesto es imprescindible para que el Gobierno recupere legitimidad y fuerza. Pero el problema, el grave problema es que los socialistas esta vez no están por la abstención para apoyar al Gobierno. La Gestora le ha comunicado al PP que un apoyo, aunque fuera pasivo, a los presupuestos dividiría aún más al PSOE y fortalecería a Sánchez. En este extraño callejón sin salida, Rajoy empieza a sufrir reiterados lapsus linguae, como los llama Soraya, en que dice, casi de broma, que se está preparando para elecciones en otoño. La amenaza ha asustado a los socialistas, como demuestra que el Comité Federal adelantara el Congreso para antes del verano.

 

Gobernar sin el Parlamento

Este escenario político tan complicado explica el papel que le quiere dar el Gobierno a esta Conferencia de Presidentes. Aspira a recuperar la iniciativa y cerrar la agenda política para este año, si es que logra aplazar las elecciones. Es decir, negociar el presupuesto, la reforma educativa, modificar el Pacto de Toledo para las pensiones y llegar a un consenso para la financiación autonómica, que es un tema que no puede esperar.

 

Mientras se entra en este asunto tan decisivo para Canarias, la política de las Islas recuerda más a un gallinero alborotado, con todas las gallinas volando, cacareando, asustadas. Aquí andan concentrados solo en disputarse el poder, mientras haría falta una Canarias unida que jugara un importante papel en el debate de la financiación. Porque ahí nos jugamos, ni más ni menos, que la calidad de nuestro estado de Bienestar, los instrumentos esenciales para construir una sociedad moderna y justa, lo que la Constitución llama una democracia social avanzada.

 

La Educación y la Sanidad canarias han sufrido un proceso muy grave de deterioro en los últimos años. Por problemas de eficiencia, gestión y, sobre todo, déficits de financiación. Como se comprueba en el cuadro anexo, si se aplicara el principio básico y constitucional de “todos los ciudadanos españoles son iguales y deben recibir, por tanto, las mismas prestaciones del Estado”, Canarias tendría que recibir entre 700-800 millones más por año. La mitad, aproximadamente para Educación, y la otra para Sanidad y Dependencia. Dinero más que suficiente para modernizar y hacer eficientes estos servicios básicos en las Islas.

 

Es inaceptable que hayamos sufrido desde el 2009 este déficit de financiación. Y se debe a que el Gobierno canario de ese año, con Hacienda en manos del PP, aceptó un sistema de reparto que es una auténtica trampa y pervierte la justicia del sistema. La perversión empezó en el momento en que se aceptó lo inaceptable: que la población no es el único criterio de reparto. Se aceptaron además una serie de factores correctores que como son el envejecimiento y la dispersión de la población o las aportaciones fiscales de las comunidades. Y es cierto que el envejecimiento incrementa los costes sanitarios, pero reduce igualmente los costes educativos.

 

Por eso nos llena de pavor que en las reuniones de la semana pasada preparatorias de la Conferencia de Presidentes, los negociadores canarios salieran tan satisfechos porque habían logrado “colar”, como dijeron, el corrector de insularidad para Canarias. Sin tener en cuenta que ese corrector es mínimo y en absoluto compensa los restantes que exigen otras comunidades autónomas. Y que de aprobarse todos estos mecanismos correctores, volveríamos a estar donde estamos: en el desastre.

 

Por eso ya es hora de que los canarios salgan del gallinero, den un puñetazo en la mesa y exijan el cumplimiento estricto del principio constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos, vivan en el territorio en que vivan. Y eso solo es posible si el reparto se hace exclusivamente por el criterio de población. Y si no lo aceptan, tener el valor de exigir el derecho de Canarias a salirse del régimen común de financiación, como hacen los vascos. Y por la misma razón que ellos: contar con un régimen fiscal diferente. Ellos el Concierto y nosotros el REF. Ambos reconocidos por la Constitución española.    

  




 

José Carlos MAURICIO, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA






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