Al final de la escapada
José Carlos MAURICIO, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El gran choque entre la Generalitat y el Estado, anunciado para septiembre, supondrá el principio del fin del largo conflicto político * Cuando el volcán catalán parece alcanzar la fase de calentamiento previo al estallido, Mas sostiene en Madrid que “el Estado aún puede ofrecer una alternativa”
¡Fora, fora la justicia española!, gritaba la multitud concentrada ante el Palacio de Justicia de Cataluña. Apoyaban a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, líderes independentistas que estaban siendo juzgados por la convocatoria ilegal del referéndum del 9-N. Referéndum que, por otra parte, apenas quedó como un acto simbólico, sin mayor trascendencia. La tensión que se vivía fuera del Palacio de Justicia alcanzó niveles que nunca se habían producido en todo “el procès”. La fiscal jefe de Barcelona fue objeto de graves insultos: “fascista, merde, fuera la justicia española”. Ana Magaldi lo contó así: “Llegué a temer por mi integridad física. En mis 64 años jamás había visto miradas de odio como las que vi en aquellas personas”.
El grave incidente reflejó claramente el agravamiento de la situación catalana, que llega a límites que empiezan a acercarse a la violencia. Hasta ahora se oían ruidos en el fondo del cráter, pero ya se están produciendo más que ruidos: sale humo, se producen pequeños temblores, aparece la lava y el volcán parece haber alcanzado la fase de calentamiento previo al estallido.
El debate de Rajoy y Rufián, así se llama el diputado catalán, que se produjo en la sesión de control de esta semana fue uno de los más duros que se recuerdan. Rufián acusó que “las tropas del conde-duque de Olivares se están preparando de nuevo para invadir Barcelona”, como hicieron en 1714. Rajoy, sin embargo, no entró en la provocación. Solo dijo: “El cumplimiento de la ley obliga a todos, también a los que se dedican a la política, Cumplir la ley no es nada exótico, supongo. Y sepa que no va a haber referéndum simplemente porque es ilegal”.
Mas, que parecía relegado a un segundo plano, ha vuelto a ocupar esta semana el centro del escenario. Primero encabezando un desfile desafiante que le acompañó hasta la sala del tribunal. Y declarando también: “El Estado está interesado en crear un clima de violencia, para justificar la intervención”. Oportunidad que nunca desaprovecha el presidente del PP catalán, señor Albiol, para contestar: “Algunos desean que entre el Ejército por la Diagonal para tomar la Generalitat”.
En medio de este escenario truculento en que se va elevando la espiral de la tensión, el Tribunal Constitucional decretó por unanimidad la nulidad de la resolución del Parlamento catalán, en que “instaba al Gobierno de la Generalitat a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. Como muy tarde en septiembre de 2017 y con una pregunta clara y solo una respuesta: SI o NO”.
Cuánto peor, mejor
Ante la propuesta del Constitucional de anular taxativamente la convocatoria de un nuevo referéndum, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la diputada radical de la CUP, Anna Gabriel, se comprometieron conjuntamente, en una rueda de prensa en Barcelona, a “celebrar, sin ninguna duda, el referéndum de autodeterminación, diga lo que diga el Constitucional”. Dijeron también que lo único que no han decidido es la fecha. Puede ser en septiembre, después de la Diada; o quizá convenga adelantarlo a antes del verano “por la persecución que está haciendo la justicia a los líderes soberanistas”.
Anna Gabriel fue incluso más explícita: “El referéndum es innegociable. Lo único que nos haría dudar es si el Estado recurre a la fuerza militar”. Parece que la señora Gabriel está invitando al Estado a recurrir a la fuerza. Para la CUP sería el escenario ideal. El drama se convierte en tragedia. Otra vez 1714. Héroes contra opresores. La situación perfecta para que la revolución nacional se una a la revolución social. Es decir: cuánto peor, mejor.
La rebelión fiscal
A la derecha catalana, la radicalización del “procès” le pone los pelos de punta. No es casualidad que estos días los representantes empresariales catalanes y valencianos se hayan reunido en Valencia para exigir al Gobierno de España que afronte urgentemente la apuesta del llamado “corredor del Mediterráneo”, que une Andalucía, Murcia, País Valenciano y Cataluña hasta la frontera francesa. De paso envían mensajes a Madrid sobre la gestión catalana del Prat y del Puerto de Barcelona. Además de garantías para que la fiscalidad catalana revierta en inversiones en Cataluña.
Esta es la negociación a la que aspira la burguesía catalana y teme a las movilizaciones y a la violencia callejera, que tanto le gusta a la CUP. Pero también esta semana se ha conocido lo que se consideraba la secreta “operación Junqueras”. Un senador de Esquerra, Vidal, se ha ido de la lengua y ha dado a conocer que el vicepresidente de la Generalitat tiene avanzado el diseño y la organización de una completa Agencia Tributaria Catalana. Cuenta con los censos fiscales de ciudadanos y empresas de toda Cataluña. Y está preparando el momento en que la Generalitat se apodere de toda la Hacienda catalana. Es decir, todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, incluyendo los que cobra el Estado.
La rebelión fiscal de Junqueras recuerda de lejos a “la rebelión del té” de las colonias americanas cuando se rebelaron contra Inglaterra, lo que dio paso a la independencia americana. Pero la rebelión fiscal de Junqueras va a ser muy difícil que la sigan los empresarios catalanes. No se fían y temen que la ocurrencia les lleve a tener que pagar dos veces.
El choque final
Aseguran que en septiembre, o quizá antes del verano, Puigdemont volverá a abrir los colegios electorales como ya hicieron el 9-N. Pero esta vez el Gobierno de España ha dicho que no va a permitir ni siquiera un simulacro de referéndum. Rajoy declaraba ayer a un periodista de France-Press: “Si esta situación se diera, no tenga duda que el Estado intervendría para cerrar los colegios e impedir la votación”. Se apoyaría en la resolución del Constitucional y será éste quien ordene al Gobierno de España intervenir.
¿Cómo lo haría? Por supuesto, no va a avanzar la fuerza militar por la Diagonal. Parece que el Gobierno tiene pensada la aplicación parcial del artículo 155 de la Constitución y rescatar las competencias de “los Mossos de Escuadra”, la policía catalana. Y ordenar a esta que intervenga evitando la votación. Este debate ya se está produciendo en el seno de la policía catalana y parece que sus mandos se inclinan a acatar la ley.
A su vez, “las miradas de odio”, que vio Ana Magaldi volverán producirse y hasta extenderse. Pero es de esperar que la sangre no llegue al rio Llobregat. Ni que vuelva a repetirse la desgraciada “semana trágica de Barcelona”. Será un día de fuerte tensión social y el principio del final de un largo conflicto político.
La consecuencia lógica de la frustración es que Puigdemont tendrá que convocar elecciones al Parlamento catalán, con un resultado esta vez más incierto. Se presentarán Mas y Junqueras por separado y, quizá, Ada Colau, que podría cambiar el equilibrio actual de las fuerzas políticas en Cataluña. Después de las elecciones, no me sorprendería volver a oír algo inesperado que Artur Mas dijo el jueves en la Universidad Autónoma de Madrid: “El Estado aún puede ofrecer una alternativa para Cataluña”. ¿Será capaz el Estado español de ofrecer en el futuro esa alternativa?
