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Alba records

 

Francisco Pomares

 

Nuestro viejo conocido el juez Salvador Alba no deja de sorprendernos: acaba de meter un frenazo de cuidado que podría llegar a tumbar todo el caso Unión, que se ocupa de lo que parecía ser una gigantesca epidemia de corrupción política, empresarial y funcionarial que fue investigada en Lanzarote, y en la que llegaron a estar implicados nada menos que un centenar de personas, con investigaciones en Lanzarote, Gran Canaria y en varios puntos de España. La causa tuvo su primer origen en una grabación realizada por Carlos Espino, el entonces secretario general de los socialistas conejeros, hoy inhabilitado, a Fernando Becerra, que actuaba como intermediario de Lluis Lleó, según el mismo reconocería públicamente tiempo después. En la conversación se habló de desbloquear una parcela de Lleó en Playa Blanca, para lo que Becerra -actuando de intermediario- contaba con repartirse con Espino una comisión de 600.000 euros. Espino recibió a Becerra en su despacho del Cabildo de Lanzarote, grabó la conversación y facilitó una copia editada de la misma -de la que se suprimieron algunas partes- a la Guardia Civil. A partir de entonces, y de acuerdo con la Unidad Central Operativa del instituto armado, Espino grabó todas las conversaciones con Becerra. Fueron esas grabaciones las que dieron lugar al caso Unión, así llamado porque fue en la cafetería La Unión de Arrecife donde se produjeron la mayoría de los encuentros entre políticos y empresarios conejeros implicados en la trama.

 

Con la decisión de Alba, un juez que pasará a la historia conventual de la justicia canaria precisamente por haber grabado él mismo a sus compañeros y presentado las grabaciones como prueba, podría darse carpetazo a una investigación complejísima, con más de una docena de piezas separadas y que tuvo varias fases: la primera, destapada por las grabaciones de Espino ahora anuladas por Alba, demostraría el cobro de comisiones ilegales a empresarios a cambio de modificaciones en el Plan General de Arrecife. Comenzó públicamente el 25 de mayo de 2009 con el registro del Ayuntamiento de Arrecife y su Oficina Técnica y once detenidos. La segunda fase fue el ofrecimiento por parte de un empresario de comisiones a varios miembros de la Cámara de Comercio a cambio de beneficiar sus intereses económicos en Yaiza. La tercera fase, con nuevas detenciones -la operación Jable-, centrada en la ocultación por Dimas Martín de propiedades obtenidas irregularmente y camufladas atribuyéndolas a casi medio centenar de personas, algunas de las cuales fueron detenidas durante de un congreso del PIL.

 

El caso -que sacudió la sociedad de Lanzarote hasta sus mismos cimientos y pringó por igual a todos los partidos y estamentos- se había desinflado parcialmente en los últimos años, reduciéndose sustancialmente el número de imputados. Aun así, ya contaba con cuatro sentencias condenatorias, tres de ellas firmes: al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes, por licencias ilegales; al exconsejero del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, por actuar como intermediario de Dimas, y a los cuatro implicados en el caso Proselán. Una cuarta sentencia, contra el alcalde de Arrecife, el socialista Enrique Pérez Parilla, no es aún firme... Y toda esa monumental investigación es la que queda comprometida por un auto de 77 folios en el que Alba anula las grabaciones que permitieron arrancar el caso.

 

Muchos deben estar haciéndose cruces en Lanzarote.

 

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