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Con la ley

 

Francisco Pomares

 

"Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos". Esta sentencia, que podría perfectamente aplicarse a la posición de los poderes del Estado en relación con la crisis secesionista en Cataluña, forma parte de una intervención de J. F. Kennedy cuando tuvo que explicar a sus conciudadanos su decisión de enviar tropas de la Guardia Nacional a los Estados del Sur que se negaban a aplicar las leyes de integración racial.

 

El mayor error de Puigdemont y su tropa de aguerridos revoltosos es no haber entendido cómo funciona la separación de poderes en un estado moderno, no haber comprendido la fuerza que emana de los tribunales de justicia y lo que un juez de instrucción puede llegar a hacer en cumplimiento de la legalidad. Pero el nuestro es un país muy muy extraño, en el que quienes más debieran respetar la ley -los cargos electos- se conjuran para no obedecerla. Algunos desde la impunidad teórica de la Presidencia de la Generalitat. Y otros desde la protección de la engañifa: Colau dijo que no facilitaría locales para votar ni apoyo logístico, escudándose en la necesidad de proteger a los funcionarios municipales. Fue una estrategia de singular desvergüenza, cuando lo único que hacía era protegerse a sí misma de una posible inhabilitación como alcaldesa y como candidata a la Generalitat. Colau había elegido ya crecer como política a lomos del derecho a decidir, desde la ambigüedad del sí pero no, o tal vez sí, pero tal vez no, aportando su propio cesto de mentiras para contribuir al derrumbe de ese castillo de naipes que creen que es España. Con un único golpe de mano.

 

El nuestro es un país muy muy extraño, en el que la derecha a veces no ejerce como tal: un político del franquismo, Torcuato Fernández Miranda, preceptor de Juan Carlos y arquitecto de la reforma de Suárez, concibió un golpe -de la ley a la ley- desde las leyes fundamentales del Movimiento hasta la Constitución del 78. Ahora, una derecha desprestigiada por la corrupción y aliada con los republicanos y el comunismo ensayan un "proces" que nos lleve desde la Carta Magna -de la ley a la ley- a las leyes excepcionales de una república bananera sin separación de poderes ni garantías democráticas. Una república en la que las minorías pueden ser señaladas y perseguidas. Quienes pensamos que, tras la incorporación de España a Europa, la historia de nuestros recurrentes golpes de estado se clausuraba con la asonada del bigotudo Tejero, nos equivocamos. Este es un país muy creativo, capaz de idear golpes de estado que parecen partos de la democracia. Parar el golpe de Tejero hizo desaparecer a la ultraderecha de España. Parar -desde el respeto a las leyes y usando la ley con prudencia- el golpe de Puigdemont y de Colau podría frenar el discurso de los ultranacionalismos y sus falaces arcadias. Al menos durante otro cuarto de siglo?

 

 

 

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