¿Mejor trato?

 

Francisco Pomares

 

La impresión de trato de favor a Canarias en materia de financiación está tan extendida, que el periódico El País, en una información sobre la deuda de las Administraciones públicas españolas, destacaba el sábado que las únicas regiones que han logrado reducir su deuda neta en los últimos doce meses son el País Vasco, Navarra y Canarias, "las que mejor trato reciben de la financiación en los últimos meses".

 

Se trata de una falsedad: Canarias ha logrado reducir su deuda hasta los 7.000 millones, poco más del 15 por ciento de su PIB, que en el conjunto de las administraciones españolas supone casi el cien por cien del PIB nacional. Pero la idea de que Canarias es una de las regiones mejor tratadas por el Estado, mejor financiadas por Madrid, se ha convertido en los últimos años en un mantra que circula con especial intensidad por los pasillos del Congreso, los Ministerios y las redacciones. Lo peor es que ese mantra es objetivamente erróneo: Canarias recibe más recursos de los que aporta al Estado, eso sí es cierto, pero aun así Canarias ha sido históricamente una de las regiones peor financiadas de España desde el inicio de la Autonomía. Como referencia de esa situación, está el incumplimiento sistemático del precepto legal establecido en el REF de que Canarias alcance la media de inversiones por habitante que se produce en el Estado. Tal incumplimiento ha sido denunciado por Gobiernos y por el Parlamento en reiteradas peticiones y declaraciones. La situación solo se ha remediado en los dos últimos años (incluyendo la financiación por Convenios, que no ha llegado aún) gracias al efecto combinatorio de dos situaciones: la caída de la inversión en las otras regiones, y un mejor trato a Canarias en la elaboración de los presupuestos de 2017 y 2018. También puede apuntarse en los incumplimientos del Estado con Canarias el déficit de financiación acumulado en la Sanidad pública, que ya supera los 2.500 millones de euros.

 

Sin embargo, la impresión que cunde en el país es la de que la economía de Canarias no consigue despegar porque se ahoga en un mar de ayudas y subvenciones de todo tipo. Algo de responsabilidad tienen los dirigentes canarios en esa percepción: primero por haber alentado la idea de que los votos nacionalistas se vendían en cada caso al mejor postor, a cambio de canongías sin cuento. La especie de los grandes éxitos negociadores del nacionalismo canario, vendida con escasa prudencia para consumo político local, ha sido expuesta hasta el ridículo en las dos últimas negociaciones presupuestarias, con Coalición y Nueva Canarias peleándose por vender quién lograba más, como si los presupuestos del Estado fueran una subasta. Y luego están algunas medidas absurdas, como la subvención del cien por cien al transporte de mercancías, o del setenta y cinco por ciento en los vuelos Canarias-Península y viceversa, en cualquier tarifa, al margen del control de precios. Es difícil explicar a los peninsulares que aquí no se construyen grandes infraestructuras de carreteras, ni se producen las grandes inversiones del AVE, y que las subvenciones al transporte de pasajeros y mercancías son de justicia, aunque nadie se haya preocupado de que sean técnicamente operativas y sirvan para lo que deben servir, que es para que los billetes cuesten menos, y no para que las compañías hagan su agosto todo el año, y los más ricos puedan viajar a bajo precio con las piernas estiradas.

 

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