Pobreza y desigualdad
Francisco Pomares
Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, casi el 45 por ciento de los ciudadanos de Canarias corre el riesgo de sufrir pobreza o exclusión. Sin duda, se trata de estadísticas discutibles, y de parámetros para medir la pobreza con los que se puede o no estar de acuerdo: el índice Arope considera en riesgo de pobreza a todos los ciudadanos que cumplen con al menos uno de tres requisitos: o tener ingresos inferiores a 684 euros por persona (o 1.700 euros por familia de 5 miembros), o sufrir carencia material que provoque retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, no poder permitirse una semana anual de vacaciones, carecer de teléfono o televisión, y -por último- estar desempleado o con empleos de baja intensidad, inferiores a las dos horas de trabajo al día. Puede discutirse la validez de esos requisitos, y el concepto de pobreza que definen. Pero lo que no es discutible es que en Canarias las personas que integran ese índice duplican el porcentaje que se da en Europa, y superan con creces la ya elevada media española, que roza el 28 por ciento. De hecho, Canarias ostenta el ominoso récord de encabezar el índice en España, por encima de Ceuta o de Andalucía, y lejos de las regiones con menor tasa de pobreza entre las que se encuentra -cómo no- la "maltratada" Cataluña.
La crisis, de la que todos los días nos recuerdan que estamos saliendo, no ha hecho sino agravar la situación: las personas en riesgo o situación de pobreza son precisamente las primeras que sufrieron el impacto de la crisis, y serán las últimas en notar la recuperación. En Canarias, la región española con mayor tasa de pobreza según la Red Europea, se producen algunas paradojas poco explicables: por ejemplo, que el PIB crezca por encima de la media española, tanto que en el año 2016 fuimos la tercera región española en la que más creció la riqueza en relación al año anterior. Una región en la que se ha duplicado en muy poco tiempo el número de personas que declaran por encima de los 600.000 euros de renta anual, y en la que el 10 por ciento de la población que más tiene, tiene más que el 50 por ciento de la población que menos tiene. El problema no es solo que haya pobreza, es que la pobreza convive con una desigualdad social que no para de aumentar, y que permite que los cinco empresarios más ricos de Canarias, por ejemplo, declaren conjuntamente una riqueza que rondaba en 2016 los dos mil millones de euros, poco menos de un tercio de todo el presupuesto regional.
Esos cinco empresarios, y muchos más, han visto sus beneficios económicos aumentar por los instrumentos de exención fiscal del REF, por conciertos empresariales con el Gobierno de Canarias, por ayudas europeas, por políticas de inversión diseñadas para fomentar la industria audiovisual y que permiten evadir impuestos, por subvenciones al transporte de residentes que han aumentado el tráfico aéreo, por infraestructuras para apoyar el negocio turístico de algunos, financiadas con fondos públicos? Pero en Canarias no funciona hoy ninguno de los dos mecanismos clásicos de distribución de la riqueza: los sueldos siguen siendo los más bajos de España, y los beneficios de los que más tienen pagan hoy menos impuestos que los que pagan por la renta del trabajo las clases medias. Esto no va a mejorar así. Algo tiene que empezar a cambiar, y debe comenzar a ocurrir pronto: empezando por lo urgente, que es atender a quien más lo necesita, dedicando recursos públicos a un plan integral contra la pobreza. Y desarrollando nuevas políticas que premien la creación y el mantenimiento del empleo, y no la obtención de más beneficio. Puede hacerse. Y debe hacerse.
