Sueldos y canonjías
Francisco Pomares
Cada poco tiempo se vuelve a hablar de los sueldos de los diputados regionales. Es casi un clásico, un episodio más del sordo debate que enfrenta a miles de ciudadanos que viven prácticamente con lo puesto con quienes se han acostumbrado a vivir con salarios públicos muy superiores a los que cobran la mayoría de los funcionarios públicos. Se trata, desde luego, de un debate que se presta a la peor de las demagogias, y que tiene mucho que ver con la hipocresía de los propios políticos, más preocupados por su imagen que por defender las posiciones que consideran justas.
El primer error parte de considerar que cualquiera que se dedica a la actividad política debe tener derecho automático a percibir retribuciones por ello. Vía salario, si se trata de una dedicación exclusiva, vía dietas compensatorias, si se trata de una actividad que se compagina con otras. Decir a estas alturas que la política debería ser básicamente un servicio público y desempeñarse de forma desinteresada parece algo casi revolucionario, pero muchos de los males de la política actual son consecuencia precisamente del hecho de que desempeñar un cargo político es hoy un trabajo como otro cualquiera, un trabajo en general extraordinariamente bien remunerado, por el que algunos cobran cantidades estratosféricas, que no tienen nada que ver con el nivel de preparación, de esfuerzo o de riesgo que se requiere para desempeñarlo. O con los ingresos de la mayor parte de los ciudadanos.
En el caso del Parlamento de Canarias -y de otras muchas instituciones y corporaciones públicas- el problema se agrava por el hecho de que, además de los salarios -que van desde los 79.150 euros brutos anuales de la presidenta a los 48.077 euros de un diputado raso-, existen una multitud de dietas y retribuciones por desempeño de funciones representativas que en algunos casos -el de Carolina Darias, por ejemplo, o el de algunos vicepresidentes o secretarios de isla menor o portavoces y diputados que pertenecen a muchas comisiones- pueden superar con holgura los 3.000 euros mensuales.
Se trata de compensaciones económicas que poco o nada tienen que ver con la situación real de la economía de las Islas, o con la realidad de que Canarias es una de las regiones donde los trabajadores perciben salarios más bajos. Ante el rechazo destructivo de todo lo que tiene que ver con lo público que hoy recorre el mundo desarrollado, cabe plantearse en serio la urgencia de un debate resolutorio sobre por qué cobran esas enormidades -superiores incluso a los salarios de los miembros del Gobierno- los diputados y cargos del Parlamento, sobre si son retribuciones razonables y también sobre cómo se deciden esas retribuciones. Porque el principal problema es que el Parlamento es autónomo en sus funciones y competencias, y también en lo que se refiere a la fijación de los salarios y dietas de Sus Señorías. Es comprensible que si uno puede subirse el sueldo y pagarse dietas más altas, se lo suba y se las pague. Y que acabe por creer que hasta se lo merece. Aunque es muy probable que no sea así.
Este es un buen momento para abrir el melón. ¿Por qué no vincular los salarios políticos a los de los funcionarios? ¿Por qué debería cobrar más dietas un diputado que un médico o un catedrático? ¿Y por qué no establecer mecanismos que impidan que la inmensa mayoría de los políticos acaben cobrando?
