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El Gobierno canario aprobará un decreto urgente para construir vivienda pública

Con más de 25.000 demandantes, el Plan Canario de Vivienda solo prevé actualmente la construcción de unas 2.000 casas en las islas

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado que durante este mes de febrero el Gobierno regional tiene previsto dar luz verde a un decreto ley que contendrá medidas urgentes en materia de vivienda pública.

     

    Esta propuesta busca "“implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado”, según ha señalado la Consejería.

     

    Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán aumentar la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda, “uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago”; y, por otro, un conjunto de medidas que incrementen la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, “ya que actualmente hay fondos de inversión con 1.400 inmuebles sin acabar”, vinculados a la crisis económica de 2008.

     


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    El consejero ha indicado que el Plan Canario de Vivienda tiene actualmente como objetivo la construcción de unas 2.000 viviendas en las islas, cifra del todo "insuficiente" cuando en Canarias hay alrededor de 25.000 demandantes.

     

    El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha señalado que con la implementación de este decreto, junto con la polémica regulación en curso del alquiler vacacional por parte de la Consejería de Turismo, que ya ha recibido más de 5.000 alegaciones al borrador, se está abordando "de manera decidida" una de las principales problemáticas de las islas: el difícil acceso a la vivienda para los canarios.

     

    Asimismo, desde la Consejería se ha informado que se llevará a cabo una actualización del Módulo Básico Canario, el cual ha permanecido “inmóvil desde el año 2003, y que genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que se debe contemplar el incremento de los costes de la construcción”.

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