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Estado y Canarias pactan reformar la Ley de Extranjería para abordar reparto de menores

El Ejecutivo planea modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
  • TIEMPO DE CANARIAS

     

    El Gobierno y el Ejecutivo de Canarias han acordado este jueves impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería como vía para solucionar la distribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Ambas administraciones se han reunido este jueves en Madrid y, tras el encuentro, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha declarado que espera tener un texto "más definido" de la reforma "la semana próxima" y presentarlo a la Comisión Interministerial de Migración.

     

    A la reunión han asistido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la diputada Cristina Valido, ambos de Coalición Canaria, cuyo pacto de investidura con el PSOE contempla legislar para que los menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan.

     

    En concreto, el Gobierno planea modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (ley de extranjería), que es el que regula a los menores no acompañados, aunque por el momento no ha detallado en qué términos concretos se sustanciaría la propuesta.

     


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    La reforma buscará "dar una respuesta definitiva a algo que, hasta ahora, nunca se ha conocido, y es que el reparto de los menores se haga teniendo en cuenta que no se pueden quedar todos en el mismo territorio al que llegan, sino con un criterio de distribución en el conjunto del país”, según el ministro. El futuro texto tendrá que pasar por las Cortes y recabar una mayoría absoluta, al tratarse de una ley orgánica, y Torres espera que salga adelante "con el máximo consenso".

     

    El ministro ha añadido que se prevé diseñar una conferencia sectorial que arbitre los mecanismos de reparto, aunque si no hay acuerdo en su seno prevalecería el criterio del Estado. El Gobierno ya anunció en febrero que acometería este año la anunciada reforma del Reglamento de Extranjería (la otra norma clave en esta materia) para "acompañar y ayudar en los procedimientos" y "aliviar cargas administrativas".

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