Reunión bilateral clave este lunes en materia de Costas
El presidente Clavijo se reúne con Torres en la comisión bilateral Canarias-Estado para llegar al acuerdo definitivo para las competencias en costas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, intentarán resolver este lunes, en la comisión bilateral Canarias-Estado, el acuerdo definitivo entre el Gobierno central y canario para las competencias de Costas. Torres, que actuará como mediador, ha señalado estos días que pondrá "todo" su "esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo y, a partir de ahí, tendrán que hablar tanto la Administración estatal como la autonómica”.
La cesión de la totalidad de las competencias de Costas forma parte de los pactos rubricados por el PSOE para conseguir que los nacionalistas (Coalición Canaria) apuntalaran la investidura de Sánchez, dado que es una cuestión incorporada a la Agenda Canaria. Sin embargo, el Estado no se siente nada proclive a ir más allá del condicionado traspaso de funciones y servicios al Archipiélago, en materia de ordenación y gestión del litoral, aprobado a finales de julio de 2022 por el Gobierno de Sánchez, y que entró en vigor el uno de enero del ejercicio pasado, cuando Torres era presidente del Ejecutivo autonómico.
El año pasado por estas fechas comenzó otro conflicto de grave interpretación, cuando el Gobierno regional –que entonces aún presidía Torres– pidió en innumerables ocasiones al Ministerio de Transición Ecológica la devolución de los expedientes de extinción de la concesión de los hoteles RIU que se construyeron en el parque natural de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura.
Ahora, siendo ministro del Gobierno de España, la situación es bien distinta. Cosas de la política. O eso dicen. Y es que a principios de enero, Torres se descolgó completamente del papel inicial desempeñado siendo presidente autonómico obviando sus planteamientos iniciales y asegurando que en las negociaciones por el traspaso de Costas "se llegó hasta donde se podía llegar”. Un permuta radical entre lo que esgrimió como presidente y lo que proclama ahora como ministro. Aunque, sin embargo, él asegura "no haber cambiado mi postura ni un ápice".
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La petición del traspaso de Costas se remonta al año 2018, cuando se recogió en el artículo 157 del Estatuto de autonomía que la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación litoral, la gestión de los títulos de ocupación y el uso del dominio público marítimo terrestre era suya, y que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de enero de 2023. Sin embargo, la devolución de los expedientes de ambos hoteles en la isla majorera se ha convertido en un punto de inflexión sobre esta cuestión.
El Ejecutivo regional ha pedido dictamen sobre las discrepancias al Consejo Consultivo y afirma que el mismo da la razón a las tesis del Archipiélago. “El Gobierno de Canarias entiende que todas las competencias en materia del litoral le corresponden a la propia comunidad autónoma”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, durante las últimas semanas. Sin embargo, el Consejo de Estado ya dictaminó a principios de marzo que las Islas no son competentes para tomar ciertas decisiones, en concreto, las referidas a los expedientes de caducidad de concesiones de ocupación del dominio público.
El ministerio de Transición Ecológica, que fue quien le otorgó la autorización al hotel para instalarse en el lugar invadiendo parte del dominio público, resolvió no renovar el permiso e iniciar un recurso de caducidad del mismo, acompañado de una orden de demolición, tras comprobar que el complejo hotelero Oliva Beach había quebrantado algunas de las condiciones de los permisos que ostentaba.
Tanto el Gobierno de Canarias actual como el anterior del ‘Pacto de las Flores’ se han posicionado a favor de la empresa presuntamente infractora y en contra de la resolución del Ministerio. De hecho, la actual Administración autonómica lo ha convertido en una disputa por las competencias de Costas y ha amenazado con acudir a los tribunales, aunque desde el departamento ministerial se ha insistido en que dictaminar sobre las prescripciones de expedientes sobre el dominio público son exclusivamente de su competencia. En este sentido, la reunión de este lunes será clave para resolver un entuerto que se ha convertido en un tira y afloja entre las dos administraciones que afirman tener la razón.
