El Gobierno de Canarias, al lado de Red Eléctrica y contra las islas orientales y los tribunales
Agonane Ben Magec
El reciente auto del TSJC por el que se rechaza la pretensión de la multinacional Red Eléctrica Española (REE) y del Gobierno de Canarias de suspender la paralización cautelar del tendido eléctrico entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal viene confirmar dos cuestiones que desde julio de 2015 ya habíamos adelantado:
1. El Gobierno de Canarias trabaja junto a REE, contra las islas orientales y la legalidad. Así se demuestra en el propio auto, cuando ambas entidades (Gobierno y REE) defienden los mismos argumentos. E incluso, como mal menor para su intereses comunes, coinciden al pedir al TSJC que en la suspensión cautelar de este tramo de tendido, se pueda extraer la obra de la nueva subestación de Gran Tarajal y así continuar los trabajos en ésta mientras se toma una decisión final.
2. Ataque a la autonomía de las instituciones locales, en un intento de degradar y menospreciar sus competencias. El Gobierno critica al TSJC porque considera que en este conflicto de intereses debe primar sobre las islas orientales “el interés general de toda la Comunidad Autónoma”. Ante lo que el TSJC da al tándem Gobierno/REE una auténtica lección de elegancia y coherencia: “El posible conflicto de intereses entre administraciones no se resuelve en favor de la Administración con mayor ámbito territorial, sino aplicando los criterios legales”.
Pero el auto también nos permite extraer una conclusión sobre la actitud que están manteniendo nuestras administraciones locales al mantener reuniones con los defensores del proyecto del tendido:
- Los encuentros de Cabildos y Ayuntamientos con REE y Gobierno de Canarias (el último hace apenas una semana) están siendo utilizadas por el tándem eléctrico como argumento ante el TSJC para conseguir reactivar el proyecto del tendido y suspender su paralización.
Ante ello, desde julio 2015 planteamos a las instituciones de Fuerteventura y Lanzarote la necesidad de adoptar las siguientes medidas:
1. Suspender cualquier tipo de contacto o gestión con el Gobierno de Canarias y REE hasta que no renuncien formalmente a utilizar estas reuniones como argumento jurídico ante el TSJC para defender su proyecto, traicionando la buena voluntad local.
2. Adoptar de forma inmediata acuerdos plenarios en todas las instituciones, reclamando al Gobierno de Canarias que no presente nuevos recursos o adopte nueva acciones judiciales en contra de los intereses defendidos por las instituciones locales majoreras y conejeras.
3. Adoptar acuerdos plenarios exigiendo al Gobierno de Canarias que, una vez vista la contundencia del pronunciamiento del TSJC, revise de oficio todas las autorizaciones y resoluciones concedidas en relación con el tendido eléctrico de 132 kV, suspendiendo su declaración como 'de interés general' y dejando sin efecto los permisos.
4. Crear una mesa energética con participación social e institucional, en la que poder consensuar alternativas a nuevo tendido de 132 kV y promover iniciativas que, en clave social y ambiental, permitan activar la transición a un modelo energético alejado de los intereses de las grandes multinacionales del sector y más cercano a los ciudadanos y al sentido común.
