Se vincula a Yonathan de León con levantamientos de reparos y a Eugenio con contratos menores
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra el alcalde de Arrecife, Yonathan de León Machín, y el concejal de Hacienda, Contratación y Festejos, Echedey Eugenio Felipe, por hechos que considera indiciariamente constitutivos de tres delitos contra la Administración Pública: prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), fraude a la Administración (artículo 436) y malversación de caudales públicos (artículo 432).
La querella, sustentada en un atestado de la UDEF y en informes de la Intervención y de la Secretaría municipal, sostiene que ambos responsables municipales pudieron participar en un sistema de contratación irregular relacionado con distintos eventos organizados por el Ayuntamiento de Arrecife. La investigación apunta al uso reiterado de contratos menores para prestaciones que, según los órganos de control, formaban parte de una misma unidad funcional, lo que habría permitido eludir los procedimientos ordinarios de licitación pública, publicidad y concurrencia.
La Fiscalía considera que estas actuaciones podrían constituir prevaricación administrativa al haberse adoptado resoluciones presuntamente contrarias al ordenamiento jurídico y prescindiendo de trámites esenciales. También aprecia indicios de fraude a la Administración, por la posible creación de una apariencia formal de concurrencia mediante solicitudes de presupuestos con plazos mínimos y adjudicaciones reiteradas a determinadas empresas, y de malversación de caudales públicos, por el eventual uso irregular de fondos municipales para sufragar prestaciones contratadas al margen del procedimiento legalmente establecido.
No obstante, la querella diferencia las conductas concretas atribuidas a cada investigado. En el caso de Yonathan de León, la Fiscalía lo relaciona especialmente con la firma de decretos de levantamiento de reparos formulados por la Intervención municipal. Según los informes incorporados a la causa, esos reparos advertían de posibles fraccionamientos indebidos de contratos, omisión de trámites esenciales y utilización inadecuada del contrato menor para prestaciones previsibles y funcionalmente conectadas. El Ministerio Público sostiene que la reiteración de esos levantamientos permitiría inferir un conocimiento efectivo de las objeciones planteadas por el órgano fiscalizador y, pese a ello, la continuidad de la tramitación administrativa.
Además, la Fiscalía atribuye al alcalde una participación relevante en decisiones adoptadas pese a advertencias expresas de ilegalidad, especialmente en expedientes en los que la Intervención cuestionó la ausencia de procedimientos de contratación ordinarios y la insuficiente justificación de determinadas adjudicaciones. La investigación trata de determinar si esas resoluciones pudieron dictarse de manera arbitraria y con conciencia de su posible contradicción con la normativa de contratación pública.
Respecto a Echedey Eugenio Felipe, la querella centra la investigación en su condición de concejal de Hacienda y Contratación y en las competencias directamente vinculadas a esa área. La Fiscalía lo vincula con la tramitación y adjudicación de contratos menores, la gestión de expedientes de contratación y la adopción de decisiones propias de sus áreas delegadas. Los investigadores analizan si desde su departamento se impulsó una dinámica de contratación fragmentada para prestaciones relacionadas entre sí, así como la forma en que se solicitaron presupuestos y se seleccionaron adjudicatarios.
La querella también examina la intervención del área de Hacienda en la autorización y gestión de gastos municipales derivados de eventos públicos, con el objetivo de determinar si existió una actuación administrativa orientada a dar cobertura económica a prestaciones que no contaban con un procedimiento contractual válido o suficientemente tramitado.
Uno de los episodios que la Fiscalía considera especialmente relevante es el de la feria Billy Capers, celebrada en septiembre de 2025. Los informes incorporados a la causa concluyen que el evento se celebró sin que llegara a perfeccionarse válidamente un contrato administrativo, que no existía título habilitante para reconocer la obligación de pago y que la factura presentada por la empresa organizadora, por importe de 350.000 euros, carecía de expediente asignado al gasto municipal. El secretario accidental declaró ante la Fiscalía que “se celebró el evento sin contrato”.
La querella solicita que Yonathan de León y Echedey Eugenio declaren como investigados y que se incorporen íntegramente las diligencias practicadas por la UDEF, la Intervención y la Secretaría municipal para determinar el alcance penal y económico de las irregularidades detectadas y concretar la eventual responsabilidad individual de cada uno de los responsables municipales.
