Competencia frena la compra de Naviera Armas por Baleària
La CNMC alerta de posibles subidas de precios, peor calidad del servicio y una reducción de las frecuencias producto del monopolio
"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha detectado riesgos significativos de monopolio en la adquisición de determinados activos de Naviera Armas por parte de Baleària y ha decidido someter la operación a un análisis en segunda fase", según adelanta eleconomista.com.
El regulador considera que la concentración prevista podría eliminar la competencia efectiva en varias rutas clave del transporte marítimo regular de pasajeros y carga rodada, especialmente en los ámbitos del mar de Alborán, el Estrecho de Gibraltar y las conexiones entre la Península y Canarias.
Baleària notificó en octubre la adquisición del control exclusivo de los activos de Armas en estas tres zonas, donde ambas compañías operan actualmente. Tras el análisis preliminar, la CNMC concluye que la operación generaría una elevada concentración en los mercados Sur Península–Alborán, Sur Península–Estrecho y Península–Canarias, hasta el punto de que, en varias rutas, Baleària quedaría como único operador, dando lugar a situaciones de monopolio.
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El análisis del Estrecho de Gibraltar añade un elemento adicional de complejidad. A la operación de Baleària se suma otra concentración notificada por la danesa DFDS, actualmente en estudio por la CNMC, que afecta a las conexiones en el Estrecho. Concretamente, se trata de la ruta Algeciras–Tánger Med, donde ambas operaciones se solapan. En caso de ser autorizadas, Armas dejaría de prestar servicio y el número de operadores se reduciría de cuatro a tres, lo que supone un cambio relevante en la estructura competitiva del mercado.
Los riesgos identificados por la CNMC se concretan en posibles incrementos de precios, una pérdida de calidad del servicio y la reducción de frecuencias. Estos efectos se observan, al menos, en las rutas Península–Melilla y Almería–Nador, así como en los enlaces Península–Canarias. El regulador subraya que el riesgo es especialmente preocupante en las rutas que no están sujetas a Obligaciones de Servicio Público (OSP), ya que en estos casos no existen tarifas máximas que limiten el impacto sobre los usuarios.
