El Aiem sigue funcionando como un impuesto al consumo en Canarias para beneficio de unos pocos millonarios
Los industriales de las islas se benefician de una carga que pagamos todos los consumidores
El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) nació como un escudo. En una región ultraperiférica como Canarias, con un mercado fragmentado y una dependencia absoluta del exterior, proteger la producción local frente a las economías de escala continentales parecía no solo lógico, sino un deber moral y estratégico. Sin embargo, tras décadas de aplicación, el AIEM se ha transformado en un mecanismo controvertido que, bajo la bandera del proteccionismo, asfixia el bolsillo de los ciudadanos en el peor momento posible.
La premisa del AIEM es sencilla: gravar los productos que vienen de fuera para que los producidos en las islas sean competitivos. El problema radica en que la teoría económica rara vez sobrevive intacta al chocar con la realidad del supermercado. En una economía donde la cesta de la compra en Canarias se sitúa de forma sistemática entre las más caras de España, mantener aranceles a productos básicos no hace sino disparar la inflación estructural de las islas.
El mito de la alternativa local
El núcleo de la crítica al AIEM se encuentra en su diseño actual. Se supone que este impuesto solo debe gravar aquellos bienes extranjeros que cuenten con un equivalente de producción local suficiente para abastecer la demanda. Pero la realidad es tozuda: Canarias no tiene, ni tendrá en el corto plazo, la capacidad de autoabastecerse de una enorme cantidad de productos que hoy siguen pagando este arbitrio.
El resultado es perverso: el consumidor canario no elige el producto local porque sea más competitivo; se ve obligado a pagar más por el producto importado porque no hay alternativa suficiente en las islas. El AIEM deja de funcionar como un arancel defensivo y pasa a actuar como un mero impuesto al consumo encubierto, un IVA (o IGIC) bis que grava de forma regresiva a las rentas más bajas, que dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la alimentación y bienes de primera necesidad.
Falta de transparencia y diversificación cuestionable
¿Ha servido el AIEM para diversificar la economía canaria? Si miramos el peso del sector industrial y agrícola en el PIB de las islas, la respuesta es desalentadora. El archipiélago sigue dependiendo de forma casi exclusiva del turismo y del sector servicios. El proteccionismo fiscal no ha obrado el milagro de la industrialización; en su lugar, ha creado un entorno de confort para ciertos sectores que, al estar protegidos de la competencia exterior por un muro impositivo, carecen de incentivos reales para innovar, ganar eficiencia o bajar precios.
A esto se suma una alarmante falta de fiscalización pública. Los ciudadanos canarios pagan millones de euros anuales en concepto de AIEM, pero los criterios para incluir o excluir productos de la "lista negra" del arbitrio suelen ser opacos y responder más al poder de presión de determinados lobbies empresariales locales que a un plan estratégico de soberanía alimentaria o industrial.
Conclusión: Es hora de reformar, no de parchar
Nadie niega que la industria y la agricultura canaria necesitan apoyo. Los costes de producir en un territorio fragmentado y alejado son reales. Pero la solución no puede seguir siendo encarecer artificialmente la vida de dos millones de residentes.
Si el Gobierno de Canarias quiere proteger su tejido productivo, debe hacerlo a través de ayudas directas, subvenciones al transporte de mercancías (el REF), incentivos fiscales a la inversión y abaratamiento de los costes energéticos. Utilizar el carro de la compra como herramienta de política industrial es un error socialmente injusto.
El AIEM necesita una auditoría profunda, transparente e independiente. Aquellos productos donde las islas no sean autosuficientes deben ser liberados de este gravamen de inmediato. En pleno 2026, con el coste de la vida al límite, proteger a la industria no puede seguir significando desproteger a los ciudadanos.
