El Ayuntamiento de La Laguna aplica el 'decreto Maricarmen' y paraliza un desahucio
El juez ha admitido a trámite el escrito del Ayuntamiento y por ello ordenó paralizar provisionalmente el lanzamiento hasta que el tribunal resuelva mediante auto
El Ayuntamiento de La Laguna se ha acogido al llamado 'decreto Maricarmen' --en vigor desde el 8 de octubre y convalidado por la Diputación Permanente este jueves-- para frenar un desahucio en un inmueble ubicado en la calle Cuesta Piedra.
El pasado viernes 23 de octubre, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) ya dio indicaciones a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para presentar un escrito en el Juzgado, solicitando la suspensión del desahucio acogiéndose al Real Decreto-ley 29/2026 por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
No en vano, el artículo 5.2 del decreto establece como alternativa para la paralización del desahucio que si la administración pública competente no ofrece una alternativa habitacional adecuada, estará obligada al pago al arrendador o la consignación judicial de la totalidad de las cantidades reclamadas.
De esta forma, según la diligencia de la Asesoría Jurídica a Alcaldía, al tratarse de un supuesto de persona vulnerable --tal y como consta por los informes elaborados por el Área de Bienestar Social--, se adoptan medidas urgentes y se consigna la cantidad adeudada en el Tribunal de Instancia.
El juez ha admitido a trámite el escrito del Ayuntamiento y por ello ordenó paralizar provisionalmente el lanzamiento hasta que el tribunal resuelva mediante auto, dando traslado al propietario de la vivienda y abriendo un plazo para que pueda presentar alegaciones.
Ese mismo día, el juzgado solicita al Ayuntamiento "informe actualizado, la valoración de la situación de la unidad convivencial y la información sobre alternativas habitacionales disponibles y adecuadas a este juzgado si la misma pudiera encontrarse en una situación de vulnerabilidad social y económica".
De esta forma, en caso de existir dicha condición, el consistorio debe informar de una propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la administración y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar, así como las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que puedan ser beneficiarios los demandados".
El martes 27 de octubre el Ayuntamiento remitió al juzgado el nuevo informe de vulnerabilidad elaborado por los servicios sociales municipales, en el que se detallan las circunstancias que avalan la paralización del desahucio y ahora se está a la espera de la resolución judicial.
El consistorio, a través de la concejalía de Bienestar Social y de la empresa pública Muvisa, viene realizando un seguimiento pormenorizado de los distintos casos de personas y familias que podrían verse afectados por una próxima orden de desahucio en el municipio.
Además, la concejal de Bienestar Social, María Cruz, y la directora del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rosa Ana García Gaviño, han presentado a la presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Inma Évora, el protocolo que actualmente se está aplicando en los casos con los que está trabajando el personal de Servicios Sociales.
