El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprueba una nueva Ordenanza del Taxi
Entre las principales novedades de la ordenanza destaca la creación del Centro de Coordinación Municipal del Taxi
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de Taxi, un texto innovador que moderniza y refuerza la gestión de este servicio esencial para la movilidad en el municipio.
En un comunicado, el Consistorio explicó que la aprobación se produce tras años de demandas por parte del sector y de la ciudadanía, que reclamaban una regulación clara, actualizada y segura jurídicamente.
Entre las principales novedades de la ordenanza destaca la creación del Centro de Coordinación Municipal del Taxi, un instrumento pionero que permitirá supervisar en tiempo real la geolocalización de los vehículos, optimizar el cumplimiento de los turnos y garantizar que el servicio cubra de forma adecuada todo el municipio, incluidas zonas estratégicas como puertos y aeropuertos.
Al respecto, el alcalde, David de Vera, ha subrayado que esta nueva ordenanza "es un compromiso firme para dotar a la ciudad de una herramienta moderna que mejore la calidad del servicio y garantice la igualdad de oportunidades entre los profesionales del taxi".
"Con este paso estamos dando respuesta a una necesidad histórica, apostando por una movilidad más eficiente, sostenible y cercana a la realidad de vecinos y visitantes", observó.
Por su parte, el concejal de Transportes, Luis Chacón, destacó que "esta ordenanza es fruto de meses de trabajo conjunto con representantes del sector, con el asesoramiento de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias y de entidades especializadas".
"Ahora --dijo-- se abre un periodo de exposición pública de 30 días para que los profesionales, asociaciones y ciudadanía puedan aportar sugerencias y ayudar a perfeccionar el texto".
Con todo, la nueva regulación recoge, además, apartados específicos para la gestión de flotas, la integración de sistemas tecnológicos, la regulación de servicios concertados y preconcertados, y un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de las normas, evitando la competencia desleal y asegurando la calidad del servicio.
