El presidente de Canarias asiste a la colocación de la primera piedra de 77 viviendas públicas en Corralejo
Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto total de 11.112.868,74 euros
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este viernes en el acto simbólico de colocación de la primera piedra que dará paso a la construcción de 77 viviendas de promoción pública en el municipio de La Oliva.
Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto total de 11.112.868,74 euros y que se enmarca en el Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
En concreto, del presupuesto global, 3.171.041 euros proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 5.618.871 euros son aportados por la Comunidad Autónoma y 736.575 euros por el Cabildo de Fuerteventura.
Según informa el Gobierno de Canarias, esta promoción, que se desarrolla en suelo cedido por el consistorio, contempla la construcción de 77 viviendas y 77 plazas de garaje.
El proyecto incluye 14 viviendas de un dormitorio, 42 de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios y tres viviendas de dos dormitorios adaptadas para personas con movilidad reducida.
Además, todas dispondrán de plaza de garaje, trastero y cocina equipada, y el edificio contará con calificación energética A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de CO2.
CLAVIJO: ES UNA RESPUESTA DIRECTA A LAS FAMILIAS
Durante el acto, Clavijo ha destacado que cada vivienda pública que el Gobierno pone en marcha "es una respuesta directa a las familias que hoy encuentran dificultades para acceder a una casa en el mercado libre".
Asimismo, ha subrayado que durante esta legislatura el Gobierno ha situado la vivienda como una prioridad estratégica, movilizando recursos europeos y autonómicos para "ampliar el parque público y consolidar una política estructural y sostenida en el tiempo".
El presidente ha resaltado que esta promoción en La Oliva "es el resultado de la cooperación institucional y de una planificación rigurosa que nos permite transformar financiación en obra real y soluciones concretas para la ciudadanía".
En la colocación de la primera piedra de esta obra también han estado presentes el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora del Instituto Canario de la vivienda (ICAVI), Pino de León; la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco.
Aquí, Rodríguez ha señalado durante el acto que "esta promoción se enmarca en una estrategia global para incrementar de forma significativa el parque público de vivienda en Canarias".
En este sentido, ha destacado que "hoy el Ejecutivo cuenta con más de 2.000 viviendas activas en distintas fases en el archipiélago: más de 1.000 planificadas, más de 1.000 en construcción y 157 ya finalizadas. Son cifras que reflejan un cambio de escala en la política pública de vivienda".
176 VIVIENDAS EN LA ISLA
De igual modo, ha añadido que "en Fuerteventura el Gobierno de Canarias cuenta actualmente con 176 viviendas en distintas fases: 24 planificadas en Puerto del Rosario, en Rosa Vila, y 152 en construcción, de las que 77 corresponden a estas viviendas en La Oliva y 75 en Puerto del Rosario, distribuidas en 47 en la promoción de Don Quijote y 28 en Bernegal".
También ha destacado que las viviendas proyectadas en este suelo, una vez finalizadas, serán adjudicadas conforme al nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, garantizando que puedan acceder a ellas personas inscritas que acrediten una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años -o quince en caso de residencia interrumpida-, así como residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción.
"Esta nueva norma regula con precisión los requisitos de inscripción, fijando límites de ingresos ponderados en función del número de miembros de la unidad de convivencia y estableciendo umbrales máximos de patrimonio, de modo que el acceso quede reservado a quienes no superen determinados niveles económicos y acrediten una necesidad habitacional objetiva. De esta forma, el parque público se orienta prioritariamente a la población con arraigo efectivo y con mayores dificultades para acceder al mercado residencial", ha apuntado Rodríguez.
