El PSOE de Fuerteventura se marca como objetivo impulsar una ley específica para municipios rurales de Canarias
La creación de nuevas normas jurídicas específicas para poblaciones turísticas o para grandes urbes ha rebajado el estatus de las áreas menos pobladas del interior de las islas
El Partido Socialista (PSOE) de Fuerteventura se ha marcado como objetivo a medio plazo promover las iniciativas políticas necesarias para que el Parlamento de Canarias considere la creación de una ley específica para municipios rurales de hasta 20.000 habitantes. Al igual que hizo con la propuesta del Banco de Tierras de Canarias, la Secretaría Insular de Política Municipal busca dar solución a una necesidad majorera “exportando” su propuesta en beneficio de todo el archipiélago.
José Cabrera, secretario de Política Municipal del PSOE de Fuerteventura, pone el acento en revitalizar las poblaciones rurales de la isla y del archipiélago, y en el efecto negativo sobre éstas de algunas iniciativas legislativas. “El necesario tratamiento jurídico específico para poblaciones tensionadas por el turismo o por la alta densidad de población ha provocado, por comparación y por ausencia de estatus jurídico propio, que el resto del territorio quede relegado a tierra de nadie”.
En el caso de Fuerteventura, esa “tierra de nadie” sin estatus jurídico propio comprende el interior de la isla, menos desarrollado económicamente y con menor densidad de población y, por tanto, de servicios. Un territorio que abarca a todos los municipios y que está definido por su casuística, incluyendo poblaciones de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua, Pájara y Betancuria. “Considero que Canarias necesita redactar y desarrollar una Ley de Municipios Rurales, en línea con la Ley 8/2025, de 30 de julio, del Estatuto de los municipios rurales de Cataluña”, explica.
“La misma lógica que reconoce la singularidad de un lugar cuando acoge una actividad hostelera expansiva y sufre la presión turística sobre sus servicios, infraestructuras, medio ambiente, etcétera, y que lleva a la redacción de la Ley de Municipios Turísticos de Canarias; la misma lógica que reconoce la singularidad de un lugar cuando acoge las sedes de referencia (sanitarias, administrativas…) y sufre la presión ciudadana sobre sus servicios, infraestructuras, medio ambiente, etcétera, y que lleva a la redacción de la Ley de Grandes Ciudades”, afirma José Cabrera, “es la lógica que nos lleva a plantear como objetivo a medio plazo impulsar una iniciativa parlamentaria para reequilibrar los territorios en el interior de cada isla y reconocer, con categoría jurídica específica, a los municipios rurales y a los territorios outsiders de los grandes núcleos económicos de los municipios”.
La citada ley catalana que el PSOE de Fuerteventura toma como base para su propuesta aborda cuestiones específicas de los municipios rurales. Entre sus objetivos y medidas organizativas destacan crea el Mecanismo Rural de Garantía para evaluar el impacto de las políticas públicas en el territorio rural e impulsar un fondo específico y un fondo de inversión para garantizar la suficiencia financiera.
También aporta medidas fiscales y de vivienda que a afectan al IRPF (introduce deducciones autonómicas por traslado a un municipio rural, entre 750 y 2.000 euros, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, entre un 15% y un 20%, y por alquiler, de un 15%, con un máximo de 600 euros) y al ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estableciendo un tipo gravamen reducido del 3% al 4% y una bonificación del 75% en determinados actos.
La Ley 8/2025, de 30 de julio, del Estatuto de los municipios rurales de Cataluña tiene como objetivo principal frenar la despoblación, garantizar la prestación de servicios públicos y mejorar la financiación de las zonas rurales. En el caso de Fuerteventura y de Canarias, un baremo realista sería el de los municipios de hasta 20.000 habitantes.
“Son objetivos que podemos hacer nuestros en Fuerteventura y en el resto de islas, adaptando las soluciones que aporta a nuestras necesidades y realidades insulares, y elevando así el ámbito rural a un estatus jurídico específico que los rescate de la tierra de nadie”, concluye José Cabrera.
