Hasta 600 mil euros podría llegar la sanción por expedientes en suelo rústico

Las administraciones se unen para reforzar la vigilancia y poner coto a la presión sobre el territorio de Fuerteventura

Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil han reforzado su coordinación para intensificar la vigilancia y protección del territorio de la isla ante el incremento de la actividad inspectora registrado en los últimos años. Las distintas administraciones han mantenido hoy una reunión en el Cabildo de Fuerteventura con los municipios afectados y han puesto en común las actuaciones en suelo rústico que se están desarrollando para detectar, tramitar y corregir las situaciones que incumplan la legalidad. En el transcurso del encuentro, se han expuesto los datos de inspecciones realizadas en un macrooperativo realizado el pasado 15 de septiembre de manera simultánea en cuatro municipios de la isla.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, y el comandante de la Guardia Civil, José Manuel Lebrón Moreno, han comparecido posteriormente para explicar el trabajo que están desarrollando de manera conjunta y trasladar un mensaje común: la protección del territorio requiere vigilancia constante, coordinación y capacidad de respuesta.

Los datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural reflejan una tendencia ascendente de su actividad inspectora. Entre 2023 y 2026 se han analizado 649 expedientes en Fuerteventura: 120 en 2023, 110 en 2024, 160 en 2025 y 259 en 2026, año que concentra el 40% del total.

Lola García destacó que Fuerteventura tiene en su territorio "uno de sus principales valores" y subrayó que su protección es una responsabilidad compartida. En este sentido, agradeció la colaboración del Gobierno de Canarias, la Agencia, los ayuntamientos, las policías locales y la Guardia Civil, así como el trabajo de los técnicos y agentes de Medio Ambiente del Cabildo.

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La presidenta insular incidió en que ninguna administración puede afrontar por sí sola una realidad que afecta al conjunto de la isla y defendió la suma de competencias, medios y conocimiento para mejorar la vigilancia. "Frente a una presión que requiere una vigilancia constante, las administraciones estamos trabajando juntas", señaló.

Por su parte, Manuel Miranda explicó que las principales actuaciones detectadas están relacionadas con la ocupación y transformación del suelo. Las instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados o casas prefabricadas representan el 35,7% de los expedientes; las obras sin licencia, ampliaciones, viviendas y otras estructuras suponen el 30%, mientras que los vertidos, residuos, acopios y abandono de materiales representan otro 14,1%. En conjunto, estas tres tipologías concentran más del 70% de los expedientes analizados entre 2023 y 2026.

Por municipios, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje concentran más del 85% de la actividad inspectora registrada durante este periodo. Estos datos, señaló el consejero, hacen necesario mantener una vigilancia permanente y reforzar la coordinación entre las administraciones que tienen competencias y responsabilidades en la protección del territorio.

Una muestra de esta coordinación fue el operativo extraordinario desarrollado el pasado 15 de septiembre, coordinado por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y en el que participaron técnicos de la Agencia, agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, efectivos del SEPRONA y las policías locales de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje.

Las inspecciones se desarrollaron de manera simultánea en los cuatro municipios y permitieron realizar un total de 64 inspecciones con indicios de infracción. En estos momentos están pendientes de emisión las correspondientes denuncias por parte de los cuerpos actuantes y de su posterior tramitación.

Miranda agradeció el trabajo de los técnicos, agentes y policías que participan en estas actuaciones y destacó que la protección del territorio requiere conocimiento técnico, presencia sobre el terreno y coordinación entre las distintas administraciones. El Gobierno de Canarias trasladará a los medios de comunicación material gráfico y audiovisual del operativo del 15 de septiembre, tanto fotografías como imágenes en vídeo.

La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, explicó que de los 649 expedientes analizados entre 2023 y 2026, 549 se encuentran en curso y 100 han sido archivados. Ortega precisó que el archivo de un expediente no significa necesariamente que haya desaparecido la situación que motivó la actuación, ya que en una parte de los casos la Agencia carece de competencia material y remite la actuación a la administración que sí es competente.

La directora incidió especialmente en la importancia del restablecimiento de la legalidad como uno de los objetivos de la actuación inspectora. En la revisión realizada por los servicios de Actuaciones Previas y Disciplina Urbanística de la Agencia se han identificado y documentado 26 restablecimientos voluntarios entre 2023 y 2026: 15 en Puerto del Rosario, siete en La Oliva, dos en Pájara, uno en Tuineje y uno en Antigua.

Ortega destacó que la inspección y la disciplina territorial deben servir también para conseguir que las actuaciones irregulares se corrijan y que la coordinación entre administraciones resulta fundamental en todas las fases: desde la detección y la tramitación hasta la determinación de las competencias y el restablecimiento de la legalidad cuando corresponda.

Por parte de la Guardia Civil, el comandante de la Guardia Civil José Manuel Lebrón Moreno destacó la importancia de la colaboración entre los distintos organismos que participan en la vigilancia y protección del territorio. El operativo del 15 de septiembre, señaló, constituye un ejemplo de esta coordinación, con la participación conjunta de técnicos de la Agencia, agentes de Medio Ambiente del Cabildo, efectivos del SEPRONA y las policías locales de los cuatro municipios implicados.

Cada cuerpo y cada administración aporta sus propios medios y conocimientos, de manera que la suma de capacidades permite desarrollar una labor de vigilancia más coordinada sobre el territorio. La Guardia Civil trasladó su compromiso de continuar colaborando con las administraciones competentes en aquellas actuaciones destinadas a la protección del medio ambiente y del territorio de Fuerteventura.

Las administraciones participantes hicieron también un llamamiento a la ciudadanía para contribuir a la protección del territorio y evitar actuaciones que puedan deteriorarlo o incumplir la normativa. Miranda subrayó que, junto a las actuaciones de inspección que seguirán desarrollándose, es necesaria la colaboración ciudadana para hacer frente a esta realidad.

Lola García cerró la comparecencia destacando que "proteger el territorio requiere inspección, coordinación y actuación" y subrayó que el objetivo compartido es seguir mejorando la vigilancia, reforzar la coordinación y avanzar en el restablecimiento de la legalidad cuando corresponda.