Interceptan un dron que hacía vuelos no autorizados en Playa Blanca, a 2 km del aeropuerto
Esta práctica, además de infringir la normativa relativa al uso de aeronaves no tripuladas en zonas de tránsito aéreo, genera una "situación de riesgo" para la integridad de las personas
La Guardia Civil del aeropuerto de Fuerteventura, bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria, han identificado y sancionado al piloto de un dron que realizaba vuelos no autorizados en Playa Blanca, en Puerto del Rosario, a menos de dos kilómetros de la cabecera norte del aeropuerto de la isla, estando dentro del ATZ del aeródromo (zona bajo permanente control de tráfico aéreo).
La interceptación se produjo después de que un ciudadano alertara a la Guardia Civil sobre la presencia de un dron que sobrevolaba a escasa altura, aproximadamente 20 metros, a un grupo de surfistas en el citado lugar, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.
Esta práctica, además de infringir la normativa relativa al uso de aeronaves no tripuladas en zonas de tránsito aéreo, genera una "situación de riesgo" para la integridad de las personas, ya que una eventual caída del dispositivo podía ocasionar daños.
Por ello, se trasladó hasta el lugar una patrulla de la especialidad de Fiscal y Fronteras del aeropuerto de Fuerteventura, que confirmó que la aeronave no tripulada se encontraba operando en un espacio aéreo restringido, sin autorización alguna.
El dispositivo era un dron de la marca DJI, modelo Mini 2 Pro y de 249 gramos de peso.
La Guardia Civil señala que estos hechos constituyen una infracción muy grave conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por el incumplimiento de las limitaciones operativas en materia de servidumbres aeronáuticas y uso del espacio aéreo. Además recuerda que el vuelo de drones en las proximidades de aeropuertos está estrictamente prohibido salvo autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Este tipo de prácticas no solo supone un riesgo directo para la seguridad, al interferir potencialmente en maniobras de aproximación y despegue de aeronaves, sino que además puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 90.001 y los 225.000 euros. También incide en que los operadores de drones tienen la obligación de conocer y respetar la normativa europea y nacional vigente, en particular el Reglamento (UE) 2019/947, que regulan el uso seguro de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).
