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La Fiscalía se plantea un caso contra las compras de agua urgente en el CAAF para abastecer a la isla

Coalición Canaria defiende la legalidad del procedimiento de atender las necesidades del servicio de aguas a la isla

 

Redacción NoticiasFuerteventura

  

La Fiscalía ha elaborado una querella contra Mario Cabrera, Marcial Morales, Manuel Miranda y Andrés Díaz, por las compras de agua que de forma urgente se ha venido haciendo durante los últimos años en la Isla, así como por la contratación de maquinaria y cubas de transporte de agua, ante situaciones de averías, picos de demanda, roturas, etc.

 

En el escrito de la Fiscalía se advierte que estas contrataciones deberían haberse realizado a través de un proceso administrativo que conllevaría más tiempo, y no de manera urgente.

 

Coalición Canaria en Fuerteventura ha reaccionado a estas denuncias defendiendo la legalidad “de todo el procedimiento que se ha venido siguiendo en el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) para atender las necesidades de abastecimiento, averías y picos de demanda, ante las informaciones que vienen publicándose en los medios de comunicación”.

 

Expone que el único objetivo ha sido atender las necesidades de consumo de la población de Fuerteventura, y para ello siempre se ha recurrido al procedimiento más ágil que las circunstancias permitían.

 

Advierten de que “estas informaciones proceden de un documento interno de la Fiscalía que se  filtra de manera interesada. No sabemos muy bien el objetivo, pero a nadie se le esconde que estamos en precampaña electoral y este tipo de comportamientos suelen reproducirse en estas fechas”.

 

La formación nacionalista indica que Mario Cabrera, Marcial Morales, Manuel Miranda y Andrés Díaz, no tienen aún comunicación oficial al respecto. Se han tenido que enterar por la prensa.

 

Por lo que “si lo que dice la prensa es tal cual, se trata de una querella que básicamente se centra en la compra de agua, el encargo de transporte de agua en cubas y el alquiler de maquinaria de obra en el Consorcio. Todo para responder a necesidades del servicio, averías, roturas, picos de demanda de agua, etc. El fiscal considera que el procedimiento administrativo seguido no fue el correcto. No hay denuncias de otro tipo”.

 

Recuerdan desde CC que se trata de una época en la que el CAAF se vio afectado por la carencia de personal fruto de la crisis económica y de los impedimentos que se pusieron a la política de nuevas contrataciones de  personal a nivel de Estado. Por lo que “cuando había roturas, averías o picos de consumo, se tenía que responder con agilidad para evitar el desabastecimiento de agua a la población”.

 

Defiende de esta forma desde CC que “todos los compañeros señalados por el Fiscal han obrado con absoluta legalidad. Las compras de agua y encargos de arreglos de averías que se hicieron estaban perfectamente justificadas. Y eso van a explicar cuando se les permita comparecer y cuando puedan conocer, de una vez, el contenido íntegro de la querella filtrada a los medios de comunicación”.

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