“La flota artesanal canaria, en peligro de muerte”
Las cofradías de pescadores de Canarias alzan la voz contra los planes de la Unión Europea con el Rabil y el Atún aprobado en el ICCAT”
El sector pesquero canario, ha levantado la voz de forma unánime para lo que considera una de las decisiones más preocupantes de los últimos años para el futuro de la actividad en el archipiélago. La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de S/C de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas, han expresado "su más rotundo y unánime rechazo a la propuesta impulsada por la Secretaría General de Pesca y presentada por la delegación de la Unión Europea en las reuniones de ICCAT celebradas el pasado mes de noviembre en Sevilla."
El documento aprobado autoriza un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago. Esta iniciativa siempre ha contado, “y sigue contando” con la desaprobación absoluta del sector pesquero canario, tal y como el sector trasladó en su momento a la empresa que promovió inicialmente esta idea ante el sector local, y como posteriormente se reiteró de forma clara a la propia Secretaría General de Pesca durante el transcurso de las reuniones de ICCAT.
No existe respaldo alguno desde Canarias: ni del sector, ni desde el Gobierno Regional para esta iniciativa
"Para más inri, ni el sector, ni el Gobierno de Canarias en materia de pesca fueron consultados ni informados de la intención de que dicha iniciativa sería presentada POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA para incluirla en el mandato de negociación de la Unión Europea en ICCAT", explican
"Resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa al futuro de las pescas en Canarias, se haya propuesto de esta manera. Este proceder, sin la previa aprobación y visto bueno del sector local que desarrolla su actividad en aguas de una región ultraperiférica especialmente sensible y frágil, y sin la obligada coordinación con el Gobierno de Canarias, vulnera a nuestro juicio los principios de consulta y participación establecidos en la legislación vigente. En concreto, el artículo 7 de la Ley 5/2023, de pesca sostenible e investigación pesquera, establece que los requisitos adicionales para el acceso a los recursos pesqueros, como los contemplados en un plan piloto de estas características, deben fijarse previa consulta a las comunidades autónomas y al sector pesqueroafectado”. La ausencia total de dicha consulta contraviene de manera evidente esta obligación legal básica de cooperación y participación, desatendiendo además las competencias que el Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce a la Comunidad Autónoma en la gestión de la actividad pesquera que se desarrolla en su ámbito territorial.
“Ningún beneficio para las comunidades pesqueras canarias”
Otro de los puntos que más indignación ha generado, es el "haber utilizado al sector con un argumento completamente falso para sustentar este proyecto". En el segundo “OBSERVANDO” del propio documento se afirma la “posibilidad de que las comunidades pesqueras obtengan mayores beneficios de la utilización sostenible de los mismos recursos”, intentando transmitir la idea de que el sector canario podría verse favorecido o estaría interesado en el desarrollo de esta actividad. Nada más lejos de la realidad, no existe ningún tipo de beneficio para las comunidades pesqueras canarias; este plan responde exclusivamente a intereses de capital foráneo vinculado al sector industrial, que verían abierto el acceso para operar de manera industrial en aguas canarias, y competir directamente y en las mismas fechas por los recursos que necesita la flota canaria para subsistir.
“Las Federaciones advierten que este plan experimental, por el contrario, es un torpedo a la línea de flotación de la viabilidad económica en la flota canaria, Si hubiéramos querido desarrollarnos en ese modelo de pesquería ya lo hubiéramos hecho nosotros, precisamente es lo que siempre hemos evitado”.
"Supone una amenaza seguramente insuperable para la pesquería local, un modelo que representa un ejemplo internacional de sostenibilidad, selectividad y respeto por los ecosistemas marinos. Permitir la introducción del cerco industrial en aguas del archipiélago obligaría a la flota artesanal a competir en condiciones de absoluta desventaja dentro de sus propios caladeros, alterando como decimos gravemente el equilibrio socioeconómico de las comunidades costeras y comprometiendo casi sin dar ninguna opción la continuidad a un sector que forma parte esencial de la identidad cultural y del patrimonio pesquero de las islas", explican.
La introducción del cerco industrial en estas condiciones supondría un impacto ecológico devastador, incompatible con cualquier principio de sostenibilidad o conservación. A ello se suma que Canarias no es el Mediterráneo, ni ecológica ni biológicamente. Aquí, los bancos de atún rojo se desplazan acompañados por grandes grupos de delfines, en proporciones infinitamente mayores a las de otras regiones. Esto significa que, para capturar diez atunes mediante cerco industrial, sería necesario cercar aproximadamente a cien delfines. No existe tecnología, protocolo ni sistema de control capaz de evitar el estrés, las lesiones o la mortalidad de estos cetáceos altamente protegidos, cuya presencia es fundamental para el equilibrio ecológico marino.
Frente a este modelo industrial, la pesca artesanal canaria, basada en el anzuelo y el nylon, uno a uno, constituye una actividad selectiva, respetuosa y sostenible, que dirige la captura del atún sin afectar a otras especies ni generar daños al ecosistema. Comparar ambos modelos es contraponer dos formas completamente distintas de entender la relación con el mar: una basada en la conservación, la tradición y la justicia social, y otra sustentada en la captura masiva y la maximización del beneficio económico a expensas del entorno y de las comunidades locales. Ambos modelos son incompatibles en aguas canarias.
Por todo lo expuesto, el sector pesquero canario, a través de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de S/C de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas, exige la retirada inmediata del proyecto piloto aprobado en ICCAT, reclama que cualquier iniciativa futura relacionada con la pesca en aguas de este archipiélago ultraperiférico no pueda ser promovida ni presentada ante organismos internacionales sin la participación activa y el consentimiento previo del propio sector pesquero canario y de las instituciones autonómicas competentes. Las Federaciones defienden que el futuro de la pesca en Canarias debe seguir sustentándose en la sostenibilidad, el respeto por los ecosistemas marinos y el reconocimiento del valor histórico, social y cultural de la flota artesanal, que durante siglos ha demostrado ser un modelo ejemplar de aprovechamiento responsable y equilibrado de los recursos.
