La ministra pone en duda la legalidad del proceso de renovación del Oliva Beach
Teresa Ribera respondía en el Senado a una pregunta del senador por la comunidad Fernando Clavijo
El enrevesado conflicto del Oliva Beach escribía ayer un nuevo capítulo con la comparecencia en el Senado de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ante una pregunta directa del Senador Fernando Clavijo sobre si era posible o no solucionar el problema del Hotel Oliva Beach amenazado de demolición en el norte de Fuerteventura, la ministra respondía al senador aportando un recorrido sobre la situación del hotel que se encuentra en una zona de alta protección natural como es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
Según la ministra y haciendo un recorrido histórico de la situación “en 2007 la empresa renunció en gran parte al plazo de vigencia de la concesión, comprometiéndose a que en 2017 el ministerio demolería aquellas instalaciones” recordando que este compromiso existió pero se buscaron otras alternativas.
De esta forma con un cambio de criterio político, “en 2016 en contra del informe del abogado del Estado se concedió una prórroga hasta el año 2089, muy por encima de lo que dice la Constitución”, afirma la ministra.
Pero la situación se enreda un poco más cuando se plantea la autorización para incluir los 20 apartamentos, “….y todavía para más sorpresa en 2017 GEAFON, la propietaria del hotel solicitó la autorización para unas obras en el complejo hotelero que incluía unos 20 apartamentos de los que no es titular, así que mientras se realizaba la solicitud de obra surgieron muchos indicios de que tanto la orden ministerial de otorgamiento de la concesión de 2003, como la concesión prorrogada del 2016, en contra del criterio del servicio jurídico que entendía que la renuncia de 2007 era un acto firme, se planteó el gran problema de si esto era legal o no”.
A la espera del informe de la Abogacía del Estado
De esta forma la ministra concluía en su intervención afirmando que “así que al haber sido otorgadas sin que el interesado, GEAFON, tuviera derecho a ello y al constatarse que además estaba solicitando obras para unas instalaciones de las que no es propietario, hemos pedido informe a la abogacía del estado, y sobre esa base hemos pedido al concesionario que por favor aporte la información que debamos tener en cuenta para ver si es conforme o no a derecho su pretensión y si cubre todo aquello que exige desde el punto de vista de la titularidad registral de aquello sobre lo que solicita”.
