La Asociación ASCAV afirma que la nueva ley canaria de Vivienda Turística dejará fuera del mercado al 90% de los que ejercen la actividad
Miles de pequeños y medianos propietarios de viviendas vacacionales están en un “sinvivir” ante la noticia de que es probable que tengan que abandonar su negocio turístico. Todo apunta a que este miércoles el Parlamento aprobará la llamada Ley de Vivienda que, según la ASCAV, dejará fuera del mercado al 90% de los que hoy ejercen la actividad. ¿El motivo? Casi nunca podrá superar el requisito principal de contar con el certificado de actividad clasificada.
Ante la inminente aprobación de la Ley de Vivienda, que introduce nuevas restricciones al alquiler vacacional, los afectados denuncian que el texto supondrá el fin de esta actividad para la inmensa mayoría de particulares. El Gobierno de Canarias prevé dar luz verde a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en el pleno de este miércoles, una norma que, según la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), implica «la práctica erradicación» del sector en manos de pequeños propietarios.
El punto más conflictivo, advierte ASCAV, es la obligación de contar con el certificado municipal de Actividades Clasificadas, un requisito diseñado en 2011 para otras actividades y que no contemplaba la figura de la vivienda vacacional, regulada solo a partir del Decreto 113/2015. La asociación asegura que lleva años pidiendo al Ejecutivo una modificación que permita encajar la actividad, pero critica que el Gobierno, con el respaldo de CC y PP, haya optado por avanzar en la ley «sin consenso» y sin atender a las propuestas del sector.
ASCAV reprocha además al Ejecutivo que «demonice» la vivienda vacacional en las islas mientras, a nivel estatal, participa en la Declaración de Sevilla, firmada por trece comunidades autónomas, que defiende que la crisis de acceso a la vivienda es un problema «estructural y ajeno al turismo» y que reconoce el papel de las viviendas turísticas en la revitalización de los centros urbanos.
La asociación sostiene que esta visión está respaldada por informes del Colegio de Economistas de Las Palmas, el Consejo Económico y Social y diversos juristas. A su juicio, aprobar la ley en los términos actuales tendría «consecuencias catastróficas» para miles de familias y empresas dedicadas a la gestión de alojamientos vacacionales.
Según sus datos, el 67% de las viviendas vacacionales «ni fueron ni podrían convertirse» en alquileres residenciales, ya que se encuentran en complejos turísticos residencializados. En paralelo, critican que el Gobierno no haya actuado sobre las más de 211.000 viviendas vacías detectadas en el archipiélago. Como ejemplo, recuerdan que un programa público para captar vivienda asequible, dotado con más de ocho millones de euros, solo logró incorporar un inmueble.
Para ASCAV, la situación evidencia que la ley «favorece a grandes tenedores y fondos de inversión» en detrimento de las familias que han sostenido el modelo hasta ahora. Por ello, pide al Gobierno que, en el último momento, «muestre sensibilidad» hacia quienes dependen de esta actividad para su sustento. De lo contrario, alertan, el sector podría desaparecer, con un impacto económico superior a los 2.000 millones de euros anuales y una merma significativa en la recaudación por IGIC e IRPF.
