Los funcionarios interinos de Fuerteventura en vilo por la declaraciones del ministro Iceta
En principio, la medida de los tres años que propone el borrador, se aplicaría a los nuevos interinos, no de los que ya están trabajando en la administración
Los interinos tienen los años contados. Tres en concreto. Pasado ese tiempo se verán forzados a dejar su puesto para no prolongar su situación de temporalidad, lo que se traduce en una penalización aún mayor para estos trabajadores. En todo caso la propuesta no será de aplicación al personal interino nombrado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, lo que tendría que plantear una solución alternativa a miles de interinos que prestan hoy sus servicios en las administraciones públicas.
Así figura en el primer borrador que Función Pública ha presentado a los sindicatos sobre la propuesta de reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público que pretende reducir la temporalidad en las administraciones públicas modificando dicho artículo.
«Transcurridos tres años desde el nombramiento del interino se producirá su cese sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año», se especifica en el apartado cuarto del citado artículo 10.
Iceta: «En Canarias hay 30.744 interinos, buscaremos una solución con los sindicatos»
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha dicho que los empleados públicos temporales se deben regular «con los mismos criterios para toda España» y que el Gobierno «ayudará a buscar soluciones» a los agentes sociales, la administración autonómica y a la local.
Respondía así a una pregunta de la diputada Ana Oramas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Ejecutivo tiene alguna medida en curso para dar estabilidad a los empleados públicos de Canarias en situación de precariedad laboral, afirma la agencia EFE.
Oramas ha recordado que existen «miles de trabajadores públicos» con contratos temporales, de los que el 70 por ciento son mujeres y muchos de ellos contratados hace más de veinte años, «en situación irregular» y ante «la absoluta impunidad de la administración».
En su opinión, ha llegado el momento de buscar «una solución definitiva», de «una ley de punto final» para convertir a ese personal en fijo.
Iceta ha insistido en que el objetivo del Gobierno es reducir la tasa de temporalidad por debajo del ocho por ciento en 2024, para lo que negociarán con los sindicatos, en coordinación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, «con el máximo respeto a la experiencia acumulada de los trabajadores».
Ha señalado que la función pública debe regularse con los mismos criterios para toda España y que el Gobierno se compromete a estabilizar a 300.000 personas. Ha agregado que Canarias es la autonomía que más interinos acumula.
