Los Saharauis ya no serán españoles
El retraso por las enmiendas del Partido Popular en el senado y la convocatoria electoral dejan en nada la ley para obtener la nacionalidad
Los saharauis han visto este lunes cómo se les esfumaba la posibilidad de lograr la nacionalidad española tras años de reclamaciones.
El adelanto electoral de las elecciones en España y la consecuente disolución de las Cortes han tumbado la ley que iba a dar la nacionalidad española a los saharauis que vivieran en la exprovincia española antes del 77 y sus descendientes, perdiéndose el trabajo de los últimos meses y la norma, que esta semana se iba a debatir antes de enviarla al Congreso para la aprobación definitiva, ha decaído.
La portavoz de Más Madrid en la Cámara Baja, Tesh Sidi, ha lamentado que la norma vaya a acabar en la "basura".
En este sentido el PP, que se abstuvo en la votación, ha aprovechado las últimas semanas para desmontar ese texto. Gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares introdujeron una serie de enmiendas que hacen necesario que los saharauis hayan residido legalmente durante dos años en España para poder acceder a la nacionalidad.
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El PP dio este paso la semana pasada e iba a ser en el pleno de este miércoles cuando llevara la ley a aprobación. El texto, al ser diferente al impulsado por el Congreso, regresaría a la Cámara Baja que muy probablemente analizaría el asunto en la sesión plenaria de la próxima semana.
En esa votación, fuentes conocedoras de las negociaciones, Junts se iba a situar junto al Gobierno y el resto de socios para levantar las modificaciones del PP y devolver el texto a su original, aprobándolo así de manera definitiva.
Sin embargo, eso nunca ocurrirá. La disolución de las Cortes conlleva la caducidad de todas las iniciativas que se estén tramitando, por muy avanzado que esté el proceso. "Mañana, con la publicación en el BOE, quedarían disueltas las Cortes y una ley aprobada por amplias mayorías y al 99% se iría a la basura", ha lamentado Sidi en la red social X. Como solución, ha apuntado, está la opción de que el Gobierno apruebe la medida como real decreto ley, lo que permitiría su convalidación por la Diputación Permanente.
