Termina un año marcado por discursos de odio y avance del racismo en el mundo
Aunque disminuye la llegada de irregulares, las ONG denuncian la respuesta ante una situación que continúa siendo “un grave drama humanitario
Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados señalan que este 2025 ha sido un año especialmente marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias tanto en España como en la Unión Europea, y alertan sobre el aumento de los discursos de odio contra los extranjeros.
En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que 2025 “quedará grabado como el año en el que la Unión Europea siguió impulsando políticas antimigratorias que ponen en riesgo los derechos humanos”.
Según la ONG, estas políticas “amenazan la convivencia y la cohesión social” y “dan alas a los discursos y delitos de odio”. La organización considera que 2026 será “decisivo” para conocer el rumbo que tomarán la UE y España en materia migratoria.
“Aún están a tiempo de impulsar otras políticas migratorias y narrativas que pongan a las personas en el centro y pongan fin al constante señalamiento que sufren las personas migrantes y refugiadas, incluidos muchos niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, a quienes se criminaliza y estigmatiza impunemente”, apunta.
De hecho, CEAR indica que la nueva Ley de Asilo, necesaria para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, “es una oportunidad para que el Gobierno español impulse y lidere esa otra Europa que no reniega de sus valores fundacionales y mira al futuro con esperanza”.
Genocidio, guerras abiertas y fractura global: así termina 2025
Por su parte, Accem recalca que la situación migratoria “continúa siendo compleja y constituye un grave drama humanitario”, a pesar del descenso registrado en el número de llegadas irregulares y de muertes respecto a 2024 y 2023. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, un total de 35.935 personas han llegado a España por vía marítima y terrestre, según datos del Ministerio del Interior. Accem señala que esta cifra “evidencia la extrema peligrosidad de unas rutas en las que miles de personas continúan arriesgando su vida en busca de protección y seguridad”.
Accem también advierte sobre el aumento de discursos xenófobos y de odio, que han derivado en “graves incidentes” y “ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y los derechos fundamentales”. Frente a estas narrativas, la organización insiste en la necesidad de promover una mirada basada en los derechos humanos, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Asimismo, alerta sobre la “situación de estigmatización y desprotección” que estos discursos generan en los menores migrantes no acompañados, quienes “se han convertido en uno de los principales objetivos” de tales mensajes, con consecuencias directas en su protección y bienestar.
La ONG manifiesta su inquietud por la “deriva” de las políticas migratorias y de asilo en países del entorno de España, en Estados Unidos y en el seno de la Unión Europea, con “planteamientos cada vez más restrictivos hacia las personas refugiadas y migrantes”. Desde Accem, expresan su “preocupación” por cómo se implementará el Pacto Europeo de Migración y Asilo, especialmente respecto a medidas como la apertura de centros para solicitantes de asilo en terceros países o la designación de determinados Estados como “países seguros”.
Red Acoge considera que las medidas migratorias del Gobierno español en 2025 representan un balance “decepcionante” y de “alcance muy limitado”, con “avances puntuales” pero “sin abordar los fallos estructurales y no exentas de contradicciones”. Asimismo, critican la falta de medidas “claras” y “contundentes” para poner fin a la “alarmante situación” de los discursos de odio contra la población migrante, advirtiendo que esto tiene “graves consecuencias” para los extranjeros y la sociedad en su conjunto.
La organización denuncia además la “falta de voluntad política” para proteger a la infancia migrante, alertando de que la negativa de algunos gobiernos autonómicos ponen en riesgo a estos menores. “Ningún niño puede quedar desprotegido por disputas políticas”, concluye.
