Un defecto en la notificación paraliza el derribo
La familia propietaria de la casa de la Cueva de la Negra, en el sur de Fuerteventura, sobre la que hay una orden de derribo, ha logrado paralizar el desalojo y tapiado de la vivienda por el incumplimiento de los plazos de notificación que establece el juzgado para la notificación por parte de la Demarcación de Costas del Estado.
Minutos antes de las 11.00 horas, efectivos de la Guardia Civil y el Ministerio de Transición Ecológica se presentaron en la vivienda, propiedad de Pascuala Roger, con la idea de cumplir con la actuación prevista, que consistía en la entrada en el inmueble y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas.
Tras más de media hora de conversación, la representación legal de la familia ha conseguido parar, de momento, la entrada en el inmueble por no cumplirse los cinco días hábiles de notificación, al haber sido festivo el viernes en Fuerteventura.
El derribo estaba previsto para el pasado 26 de agosto, pero se consiguió paralizar después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara medidas cautelares para suspender la demolición de la vivienda con el objetivo de evitar "un posible daño irreversible al patrimonio cultural y arqueológico", ya que la casa se encuentra en las proximidades de un yacimiento arqueológico.
En el informe, el Cabildo de Fuerteventura "aconseja extremar las medidas de protección y adoptar las cautelas necesarias" antes de ejecutar cualquier actuación y justifica las medidas cautelares en la necesidad de conocer y documentar previamente sus características y su posible relación con el patrimonio arqueológico y cultural.
Por otro lado, el Gobierno de Canarias remitió un escrito a la Demarcación de Costas del Estado para advertirle del riesgo de destrucción del patrimonio cultural si se llevaba a cabo el derribo previsto para este lunes.
El pasado viernes se hizo público que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria había admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger contra el auto que autorizó la entrada en el inmueble de la Cueva de la Negra.
Los hijos de la propietaria, Martín y Ana Francés, se han mostrado satisfechos con la nueva batalla ganada a Costas al lograr paralizar el desalojo y tapiado, aunque han reconocido que sigue adelante el derribo por lo que han pedido más apoyo a las administraciones de la isla a las que echaron en falta este lunes en la Cueva de la Negra.
Por otro lado, Martín Francés ha denunciado, en declaraciones a EFE, "la doble vara de medir" de la Demarcación de Costas del Estado pues la ley "no es igual para todos: lo que sirve para un hotel en una playa no sirve para una casa de 1910".
Para Martín, el derribo de la vivienda sería "un mensaje que da Costas hacia cualquier otra casa, porque para ellos el patrimonio y la memoria no significa nada".
"El derribo sentaría un precedente y para es importante terminar esta acción" porque, de no ser así, "sentaría un precedente contrario: el que nos podemos defender", ha concluido.
