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Cambiar para que todo siga igual

Antonio Salazar


Las primeras reuniones del Presidente Clavijo con otros dirigentes políticos en busca de apoyos para el presupuesto del año 2018 se saldan con un balance desolador. Por más que pretendieron vendernos la idea de una reforma fiscal, que en realidad es siempre una burla porque se habla de reformar para no rebajar, vamos confirmando el peor de los pronósticos, no volveremos al año 2012 cuando no hubo un impuesto que no se subiese o crease nuevo, eso sí, de manera temporal -dijeron que bajarían en 2014-. Tenemos un problema con el tamaño de nuestra administración y observamos, inquietos, que todo se pone a su servicio como una prioridad estratégica, pasando por alto que su sostenimiento se hace en base a las frágiles haciendas particulares de todos y cada uno de los canarios. Una vez que se alcanza un determinado nivel de ingresos, la administración le encuentra usos en la demostración práctica de la segunda ley de Parkinson, por CyrilNorthcote Parkinson: “los gastos aumentan hasta cubrir los ingresos”.

La potente máquina de recaudar en que se ha convertido el IGIC (subió en 2012 del 5 al 7% pero se exigió su ingreso a profesionales autónomos que estaban exentos hasta entonces o, contraviniendo el REF, se elevó del 0 al 7% para los servicios de telecomunicaciones) opera en esa dirección. El Gobierno, persuadido de su potencialidad, no se plantea una radical disminución. El IGIC en 2007 -el último año de la burbuja-, procuró unos ingresos a la CAC de 1.172.285 millones de euros mientras que en 2016 la cifra ha aumentado hasta los 1.535.526 millones.

Así que fantasean nuestros mandamases con principios políticamente correctos a los que nadie se opondría. ¿Quién no iba a defender públicamente una bajada para las rentas más bajas y un aumento para los ricos? En esto están de acuerdo, ha dicho Clavijo, los rectores de las más importantes fuerzas políticas de Canarias. Pero sucede que ese planteamiento es fofo, sin sustancia, muy de los tiempos de titular vacuo y TrendingTopic en redes sociales. En Canarias no hay muchos ricos, de hecho si aceptamos que cobrar más de 60.000 euros al año, es decir, uno de nuestros políticos promedio, lo convierte a uno en rico, tan solo el 2,55% de los declarantes superan esa cifra y son los responsables del pago del 29% del total del IRPF. En sentido contrario, el 70% del total afirma ganar menos de 21.000 euros y a ellos corresponde el 14% del total del ingreso por este concepto. Entre los 21.000 y los 60.000 euros estaría el 27,42% del total de las declaraciones pero son el 56,73% de la recaudación de las rentas.

Observemos, por tanto, que no existen salarios tan elevados que puedan atacarse vía impuestos para proceder a su redistribución posterior. Que ocurre que los que menos ganan apenas sí pagan impuestos y aquellos que tienen salarios mayores pagan más, lo que está en el ABC de cualquier sistema proporcional. Con un mal diagnóstico del problema, es complicado hallar soluciones eficaces. Así que, quizás, sí ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos los recursos que a ellos corresponden y que los distintos gobiernos dejen de gastar como han venido haciendo durante todos estos años de agonía. Es el gasto y no los ingresos el problema.

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