Grosería ministerial
Canarias y Madrid llevan desde que se produjo el traspaso a Canarias de parte de las competencias en materia de Costas, mirándose fijamente a los ojos. Pero sólo después del cambio de Gobierno se produjo la reclamación de completar las transferencias, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía de 2018.
Podría uno pensar que lo que preocupa a ambos gobiernos es el futuro de los fondos telúricos, la muerte de inmigrantes en nuestras playas o el desempeño cada vez más escaso de la pesca de litoral. Pero lo que realmente se encuentra en el fondo de la discusión que el gobierno anterior no pudo o no supo o no quiso explicitar son asuntos de mucha menor enjundia, peleítas entre administraciones a cuenta de a quien le toca gestionar qué cosas en los litorales isleños. Tras hacerse efectivo el traspaso, el Estado decidió que continuaba siendo competente en la emisión de los informes preceptivos relativos al uso público del dominio público marítimo-terrestre. Madrid decidió conservar también la función de fijar los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos correspondientes a su utilización o aprovechamiento. Dejó a Canarias, eso sí, la opción de crear nuevos gravámenes. El Estado mantuvo también su potestad para rescatar las concesiones demaniales, con una fórmula que le permite actuar al Ministerio siempre que lo crea conveniente. Teóricamente, las actuaciones de interés general en el litoral tendrían que decidirse de mutuo acuerdo entre Madrid y Canarias, pero eso sólo es declarativo. Lo que realmente preocupa a ambas administraciones es quien resuelve los expedientes aún activos, o incoa nuevos, sobre los hoteles que se construyeron a las bravas hace algunos años, invadiendo el espacio marítimo terrestre.
Pero no nos confundamos: en eso no hay muchas distinciones entre el anterior Gobierno de Canarias y el actual. Mientras el Gobierno de la nación permanece inalterable ante las pretensiones hoteleras de hacer borrón y cuenta nueva, y soporta que sus directores generales sean arrastrados ante los tribunales por la cadena RIUS, los gobiernos locales han defendido los intereses hoteleros con uñas y dientes, vaya usted a saber, unas veces amparándose en la destrucción de puestos de trabajo que supondría cerra una instalación hotelera, otras considerando que existen soluciones no traumáticas a los conflictos existentes.
Hay, por tanto, es cierto consenso –exclusivamente local- en no tocar demasiado las narices a los hoteles, no vaya a ser que se enfaden, pero el control de las decisiones sigue siendo el asunto en discusión. El Gobierno regional pidió formalmente a la ministra de Transición Ecológica el cumplimiento del nuevo Estatuto y la transferencia de todas las competencias, pero no ha encontrado ningún entusiasmo de la señora Rivera ante esa petición.
A veces esa falta de entusiasmo raya incluso lo grosero: ayer, una comisión técnico-política del Gobierno regional, presidida por el consejero Pablo Rodríguez, tenía previsto ser sido recibida en el Ministerio por el secretario de Estado responsable del asunto, Hugo Morán, para avanzar en la negociación del traspaso competencial. El hombre se escaqueó a última hora, alegando problemas de agenda, y Pablo Rodríguez –que hay días que parece un bendito y otra el tapado de una serial-killer movie– optó por aprovechar que media Consejería se había desplazado a Madrid para hacerle de claque, y logró improvisar una reunión de carácter técnico que en realidad no aclaró absolutamente nada. Bueno, nada, excepto que en Transición Ecológica aseguran que la decisión sobre si el Estatuto define las competencias regionales no van con ellos, sino con Política Territorial, y que se tiene que resolver en una Comisión Bilateral Canarias-Estado. Una comisión negociadora de alta enjundia que tendría que concluir sus trabajos aprobando un decreto que deje claro hasta donde está dispuesto a ceder el Gobierno de la nación.
Mientras eso ocurre, la delegación técnica de la Consejería de Rodríguez volverá a las islas con el rabo entre las piernas: el Gobierno de Sánchez no quiere negociar nada. Ni en materia de aguas, ni en materia de suelo, ni mucho menos en asuntos relativos a la investidura de Sánchez, que sólo se tratarán cuando los catalanes digan que no, y sólo si dicen que no.
