Menos normas y mejores
El Consejo de Gobierno que aprobó el miércoles el decreto que hoy publica el Boletín Oficial de Canarias fue algo más tenso de lo que se esperaba. Unos días antes, los datos que se manejaban sobre Tenerife no sólo no eran tan preocupantes, sino que se esperaba que mejoraran. En Sanidad descartaban con rotundidad medidas de confinamiento en Tenerife, y el presidente tenía la certeza de que las medidas a adoptar no serían demasiado duras. Fueron los datos del fin de semana los que dejaron a todo el mundo pasmado, con un crecimiento exponencial en La Laguna y Santa Cruz.
Al final, se adoptaron medidas dirigidas a proyectar un mensaje de urgencia y contención a los tinerfeños: la más impactante, el cierre de las salidas de la isla, y de las entradas en Tenerife de canarios de otras islas, pero no de la de viajeros peninsulares o extranjeros que acudan provistos de un certificado que garantice que no son positivos en el Covid. También el inicio del toque de queda una hora antes, a las diez de la noche. O la redefinición de las muy confusas y cambiantes normas sobre el número de personas que podrán reunirse en las tradicionales reuniones de Navidad, Año Nuevo y Reyes. En la práctica se trata de normas de las que es imposible vigilar si se respetan, y son por tanto imposibles de hacer cumplir. Un mal sistema este de obligar a hacer algo que no hay forma de obligar a hacer: socava la percepción de autoridad, y alienta el pitorreo social ante instrucciones que serían razonables. El Gobierno también acordó una reducción draconiana de la actividad de bares, cafeterías y restaurantes, un drama para los empresarios de restauración que provocará la quiebra de centenares de pequeñas empresas. Dudo que la mayoría de los bares y cafeterías hubieran optado por reincorporar a sus empleados en erte y por reabrir la actividad, si hubieran sabido que acabarían prestando servicios en condiciones absolutamente antieconómicas. Para hacer frente a estas situaciones, los dirigentes de Alemania han establecido ayudas directas del 70 por ciento de los beneficios declarados por las empresas. Aquí no se sabe si se hará algo. También se ha establecido el aforo reducido a un tercio por planta en los centros comerciales, y de un cincuenta por ciento en el transporte público terrestre que hasta ayer era completamente seguro, y donde no se reduce el aforo es en el transporte aéreo donde la gente sigue amontonándose, respirando aire filtrado durante horas.
Muchas de las instrucciones parecen improvisadas, en algunos casos poco lógicas y en absoluto cumplibles. Pero tampoco eso debería de escandalizarnos mucho. No en un país donde cada gobierno regional decide cómo sus ciudadanos tienen que celebrar la Navidad; donde los comités de expertos al máximo nivel son tan secretos en sus deliberaciones que ni toman actas de reuniones; donde no se aceptan los test de antígenos, excepto si no te has hecho los de PCR; donde los estudiantes canarios de regreso a sus hogares no tienen que demostrar que no son positivos, pero si tendrían que hacerlo sus novias, novios o compañeros de piso si por un asomo de locura decidieran viajar a las islas; donde las mascarillas no servían para nada y ahora hay que llevarlas a todas horas; o donde se nos engaña sobre el alcance y cobertura de la próxima campaña de vacunación, convertida en el último episodio de una inútil propaganda.
