7 millones para teleasistencia avanzada para personas en situación de dependencia
El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba una partida para modernizar los sistemas de atención domiciliaria
El Ejecutivo canario ha dado luz verde a una partida de 7 millones de euros para reforzar el servicio de teleasistencia avanzada dirigido a personas en situación de dependencia. La medida, aprobada este lunes en Consejo de Gobierno y gestionada por el área de Bienestar Social, busca modernizar la atención domiciliaria con dispositivos tecnológicos y sensores de última generación.
Sin embargo, y como no podía ser de otra manera después de los últimos acontecimientos y los datos ofrecidos por el IMSERSO, la pregunta que hay que formular en este punto es si este esfuerzo presupuestario logrará paliar los históricos déficits de un sistema de dependencia en Canarias marcado por las listas de espera y una pésima gestión.
El contrato, que se licitará bajo procedimiento urgente, complementa otra adjudicación próxima de 22,7 millones -financiados con fondos Next Generation- para la adquisición de equipos GSM-IP, dispositivos móviles y sensores de movimiento. Según indica la información del Consejo de Gobierno, la inversión permitirá quintuplicar el número de usuarios, llegando a 20.000 personas.
Según indica el Consejo de Gobierno, la inversión permitirá quintuplicar el número de usuarios, llegando a 20.000 personas
Un avance importante y digno de resaltar, aunque insuficiente si se considera que, según datos del IMSERSO, más de 30.000 canarios aguardan una prestación por dependencia, y que estas personas son las segundas del país que más tienen que esperar para que sus demandas sean atendidas, siendo el tiempo medio para resolver las solicitudes de hasta 549 días.
No sólo se trata de tecnología, sino de garantizar derechos
El proyecto no solo implica distribuir dispositivos, sino también evaluar las necesidades individuales, instalar los equipos y ofrecer seguimiento continuo. Entre los beneficios prometidos destacan el monitoreo en tiempo real mediante GPS, alertas automáticas ante caídas o emergencias, y mayor autonomía para los usuarios. Para la Administración autonómica se trata de "un paso hacia la desinstitucionalización, tal como exige Europa".
Persisten dudas sobre la capacitación del personal para manejar esta tecnología o la cobertura en zonas rurales con mala conectividad
Aún así, expertos, asociaciones y el propio IMSERSO llevan años denunciando unos y mostrando con datos otros, la lentitud administrativa y la falta de transparencia en la gestión de la dependencia por parte de la comunidad autónoma y la deficiencia en el servicio de teleasistencia. No en vano, el Tribunal de Cuentas ha venido señalando retrasos crónicos en las ayudas, mientras organismos como Canarias Dignidad alertan de que "la teleasistencia no sustituye cuidadores ni resuelve la soledad". Además, persisten dudas sobre la capacitación del personal para manejar esta tecnología o la cobertura en zonas rurales con mala conectividad.
La iniciativa se enmarca en el plan de choque para la economía de los cuidados, pero su éxito va a depender de una ejecución ágil pero también de auditorías externas e independientes. Algo en lo que se suele fallar. Mientras el Gobierno autonómico repite eslóganes como que se ha logrado "una atención más digna", los usuarios siguen reclamando reducir las 8.000 plazas de residencia pendientes y agilizar las valoraciones. Queda claro que los 7 millones son un primer paso, pero en un archipiélago donde el 27% de los mayores vive solo, la teleasistencia tiene la obligación de demostrar que no se trata solo de equipamiento tecnológico, sino también de una inversión para garantizar los derechos de los más vulnerables.
