Canarias acudirá al TC para defender el decreto de menores migrantes
Además insta al gobierno del estado a cumplir la ley y no esperar para el reparto a la Conferencia Sectorial de la Infancia
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este miércoles solicitar a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma que sumen al recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional en defensa del decreto-ley de menores migrantes no acompañados.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien ha señalado que el archipiélago se siente "afectado" por terceros tras los recursos interpuestos por Aragón y Madrid.
Cabello también ha instado al Gobierno central a "cumplir la ley" ya que "no tiene por qué esperar" a la reunión de la conferencia sectorial de Infancia, y menos aún con los 1.200 solicitantes de asilo en las islas, que ya pueden derivarse, pese a que el 29 de mayo el Tribunal Supremo escuchará en audiencia al Gobierno.
"No podemos seguir en esta situación, seguimos sin ninguna derivación", ha destacado, subrayando que tiene que "desatascar" el "colapso" en el sistema de acogida de las islas. "Canarias sigue en emergencia migratoria grave, se les llena la boca a la hora de hablar de solidaridad pero todos evitan dar la cara", ha agregado.
Cabello cree que el Estado "podía haber hecho más" para que las comunidades autónomas comunicaran la situación de sus redes de acogida y le ha afeado que podía haber dado "pasos más decididos" y que haya "jugado a mezclar los datos de forma torticera" cuando para los 1.200 menores solicitantes de asilo "no hace falta esperar por nadie".
El portavoz ha insistido en solicitar "ayuda" al Gobierno central para "descongestionar" y "altura de miras y solidaridad" a las comunidades autónomas dado que la situación es "desesperada y excepcional".
Ha puesto como ejemplo el caso del centro Emena La Fortaleza I, cerrado por orden judicial en Santa Brígida y con nueve personas detenidas por los presunto delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral.
Cabello ha admitido que los centros no están como les "gustaría" pero al mismo tiempo ha señalado que los servicios de inspección funcionan de forma "contundente", subrayando que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
En esa línea ha insistido en que se necesita "con urgencia" que comiencen las derivaciones para que se descongestionen los centros pues la red está "casi al 200%" desde hace más de año y medio, con 86 recursos que deberían tener no más de 20 menores y hay algunos con casi 400. "Necesitamos ayuda y auxilio del Gobierno y las comunidades autónomas", ha indicado.
