El Gobierno de Canarias aprueba la propuesta de actualización de la Ley del Suelo
Con el fin de agilizar la burocracia, el documento ha propuesto reducir en aproximadamente un 40% la documentación necesaria para tramitar un plan general
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la propuesta de actualización de la 'Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias' de 2017.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, explicó que el objetivo es profundizar en la simplificación y racionalización de la gestión del territorio, añadiendo que el documento se remitirá al Consejo Consultivo para su análisis jurídico antes de ser registrado en el Parlamento a finales de julio.
Miranda ha comentado que el texto es fruto de un proceso de participación que ha involucrado a más de 700 profesionales en 17 foros diferentes durante más de un año.
Además, ha calificado la propuesta gubernamental como "clave" para dar una respuesta ágil a desafíos como la protección del territorio, la necesidad de construir viviendas o la atención al reto demográfico en las islas.
MÁS ESTRICTOS SON LAS INFRACCIONES TERRITORIALES
La propuesta aprobada ha establecido un texto más estricto con quienes cometen infracciones territoriales, con un incremento de las sanciones y de los plazos de prescripción para evitar que las ilegalidades puedan prescribir.
El tipo básico para las infracciones leves ha pasado de 60 a 300 euros, mientras que la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha ampliado su plazo de actuación de seis a nueve meses. Asimismo, la prescripción de las sanciones urbanísticas y territoriales ha pasado de cuatro a ocho años.
UN 40% MENOS DE BUROCRACIA
Con el fin de agilizar la burocracia, el documento ha propuesto reducir en aproximadamente un 40% la documentación necesaria para tramitar un plan general, mediante la eliminación de fases ahora obligatorias y la reducción de los tiempos para su aprobación.
En materia de vivienda, la norma ha incluido un incremento en el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública y la cesión obligatoria para generar suelo edificable, con el fin de dar respuesta a la crisis habitacional del archipiélago.
Con todo, la propuesta también ha contemplado medidas de apoyo para los municipios de menos de 10.000 habitantes, con el aumento de las posibilidades de construir en asentamientos rurales y la centralización de los servicios básicos.
Finalmente, para el sector primario se han establecido facilidades para la vivienda asociada a actividades agrarias y se ha consolidado el régimen de declaraciones responsables y comunicaciones previas, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica a los emprendedores en el sector primario de Canarias.
