El Parlamento rechaza aprobar un decreto para anular la sanciones a propietarios que viven en zonas turísticas
Gustavo Santana (PSOE) pide el cese de la consejera de Turismo, Jessica de León, porque es un "obstáculo" para la solución
El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos de CC, PP, ASG, AHI y Vox, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista en la que se solicitaba al Gobierno de Canarias aprobar un decreto ley para anular las sanciones impuestas a personas que viven en viviendas de su propiedad en zonas turísticas.
El diputado del Grupo Socialista, Gustavo Santana, ha apuntado que solo el Gobierno "puede resolver" las sanciones a los ciudadanos que viven en zonas turísticas pero el "obstáculo" está en la consejera de Turismo, Jessica de León.
"Quien preside el gobierno es Coalición Canaria, y si la consejera de Turismo no quiere resolver este problema, habrá que quitar a la consejera de Turismo", ha indicado.
Santana ha puesto como ejemplo el "sufrimiento" de una mujer en Mogán que ha sido denunciada y tiene una sanción cuando "nunca" ha explotado su vivienda como vacacional y la tiene al 50% en propiedad con su hija. "Esto hoy se puede resolver entre antes mejor. No cabe más tiempo", ha señalado.
Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha apoyado la iniciativa por su defensa de la propiedad privada si bien ha cargado contra el PSOE por fomentar la ocupación de viviendas, y contra el PP, que ha fallado a sus bases.
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Ha recordado como el Parlamento bloqueó la ILP para una nueva ley turística y después aprobó un decreto de uso del deber de atenerse al uso turístico de la vivienda, "que fue aprobado y convalidado sin consulta, sin participación ni consenso".
Ha apuntado que las sanciones a los propietarios son "injustas" y ha pedido una "acción contundente" de la administración "sin saturar los juzgados" y con "claridad normativa".
Esther González (NC-bc) ha comentado que las sanciones afectan a "vidas reales" por una "maraña" agravada por el Gobierno de Canarias que "golpea duramente" a familias que residen en zonas turísticas, y aunque ve necesaria la PNL, entiende que "no es suficiente".
Ha pedido al Ejecutivo gobernar "con rigor" y no limitarse a ver el problema "desde un despacho", dado que los ciudadanos afectados no son "okupas" pues tienen escrituras, licencias "históricas" y reconocimiento municipal.
Ha apuntado que las sanciones son un "atropello" por culpa de una política "injusta" e instado al Parlamento a "reparar el error".
Socorro Beato (CC) ha admitido que las sanciones son "injustas" pero ha criticado la "utilización política" que se hace del "sufrimiento" de las personas afectadas.
Ha planteado la modificación del principio de unidad de explotación y el régimen sancionador y afeado al PSOE que solo busca "titulares" y no trabajar con "rigor".
"Los afectados saben que seguimos trabajando, nuestro compromiso es claro, no vamos a dejarlos solos pero tampoco los vamos a engañar", ha agregado, subrayando que se trata de encontrar una "solución viable" y que tenga "solvencia jurídica".
EL PP BLINDA A LA CONSEJERA DE TURISMO
David Morales (PP) ha recordado que el PSOE apoyó la ley de 2013 que era "denostada" por la plataforma de afectados y ahora exige derogar el decreto de medidas urgentes de 2025 que ha servido para "paralizar los procedimientos sancionadores y extirpar para siempre aquel derecho de expropiación".
Ha comentado que el Gobierno canario "ni acaba con la vivienda vacacional ni expulsa a propietarios de zonas turísticas" sino que "habilita incluso medidas transitorias armadas, técnica y jurídicamente, y que equilibran el interés general con el respeto al derecho de la propiedad privada y de la actividad de las economías de las familias", al tiempo que ha resaltado la "valentía" de la consejera.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha reprochado a los socialistas la "ignominia" de no admitir enmiendas in voce a la tramitación de la ley de alquiler vacacional y ha insistido en trabajar para "arreglar" un problema "heredado del pasado".
Ha pedido una solución definitiva y no "improvisada" ante unas multas "desproporcionadas", con ciudadanos "atrapados en una normativa que es confusa", de tal manera que no se puede resolver con un decreto urgente sino con sosiego porque son aspectos estructurales.
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que todos los grupos quieren dar una solución a los afectados pero no a través de la "confrontación" sino "trabajando todos juntos" en una reforma legislativa para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Ha apuntado que es "obvio" que el problema se sitúa en la ley de modernización y renovación turística de 2013. "Esa reforma tiene que hacerse", ha destacado.
