Alquilar en Canarias, el doble o el triple de caro que hace 5 años

Pocos alquileres bajan de los 1000 euros en el municipio de La Oliva en Fuerteventura

Alquilar una vivienda en Canarias es cada vez más complicado. Por precios y condiciones, pero también por una simple cuestión de oferta. Después del ‘boom’ de residencias disponibles durante la pandemia, cuando hubo un trasvase de pisos turísticos al mercado del arrendamiento residencial, el 'stock' se ha ido ajustando hasta situarse en mínimos históricos. Ahora, es el sector hotelero del Archipiélago el que avanza de manera decidida en la búsqueda de soluciones, y una de esas posibilidades pasa, según la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), por construir casas con alquileres asequibles para personas trabajadores en zonas próximas a áreas turísticas.

La autonomía canaria vive una crisis sin precedentes en el área habitacional que algunos ya han calificado de “emergencia”. Una realidad que se plasma en imágenes que reflejan el empobrecimiento de los trabajadores, obligados en algunos casos a dormir en coches, caravanas y furgonetas o a buscar cobijo en pequeños poblados de infraviviendas autoconstruidas. Y claro. Cuando se echa un vistazo al triste panorama de lo que hay y de lo que va a haber, no se puede menos que entristecer ante una realidad que hace 40 años no se podría llegar ni a pensar.

Realizando una consulta en los principales portales inmobiliarios se pueden encontrar alquileres que rondan los 1.000 euros en las dos principales capitales canarias. Sin embargo, si nuestro requisito es vivir en alguna de las zonas turísticas que tiene el Archipiélago, el precio puede ascender a los 1.350 euros. En municipios como Arona, Adeje, Los Cristianos o San Bartolomé de Tirajana se ofertan pisos a un precio medio al mes que sería incluso superior a la nómina de un trabajador canario.

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Ampliando el abanico de posibilidades y alejando la lupa de los principales núcleos turísticos de las Islas, las localidades cercanas no permiten dar un mayor respiro. Habitaciones que se ofertan en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria por 650 euros, en San Cristóbal de La Laguna por 500, o poblaciones como Guía de Isora, el Puerto de la Cruz o La Orotava que muestran como una habitación cuesta entre 450 y 500 euros al mes, en el mejor de los casos.

Sin embargo, esta situación no es exclusiva de las dos islas capitalinas. Islas como Lanzarote o Fuerteventura también están observando cómo en los últimos meses el precio de los alquileres se ha casi duplicado con respecto al pasado año. En el municipio de Teguise los pocos alquileres disponibles no bajan de los 1.200 euros, situación idéntica a la que ocurre en La Oliva, Fuerteventura.

El alquiler en el Archipiélago se ha duplicado más de un 100 % en la última década, posicionándose por detrás de Baleares, donde el aumento se cifra en un 120 %. Asimismo, según varios informes inmobiliarios, el precio medio de la vivienda en Canarias ha registrado un incremento del 6 % interanual en las tres primeras mensualidades de 2024, situándose como la cuarta autonomía donde más ha subido la vivienda en España tras el Archipiélago balear, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Entre los años 2012 y 2020, en el Archipiélago no se llegó a construir ni una sola vivienda pública social. Durante ese periodo, solo se proyectaron seis promociones que quedaron pendientes de terminarse de los planes anteriores. Como ocurre siempre –o en la mayoría de ocasiones– las leyes vuelven a ir por detrás de la sustantividad, y se ha llegado tarde para poner coto a una realidad que ha superado a la ficción. Sin embargo, ahora el Gobierno canario ha preparado un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Una norma que intentará fomentar, entre otras acciones, un impulso a la construcción de vivienda pública como solución a la “emergencia habitacional”.

Desde el pasado ejercicio, diversos municipios de las Islas, sobre todo de zonas tensionadas, se han puesto manos a la obra para intentar solucionar el problema. Es el caso de Arona, donde el pasado 8 de noviembre, el ayuntamiento cedió un terreno al Gobierno de Canarias para la construcción de hasta 90 viviendas públicas previstas en el Plan Parcial Estrella Marazul y que espera estén terminadas durante este mandato. El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración entre el Consistorio del sur y el Instituto Canario de la Vivienda, y se ha incluido en el programa de ayuda a la construcción de residencias en régimen de alquiler y cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros.

También un ayuntamiento vecino, el de Adeje, está fomentando la construcción de 45 viviendas sociales con el objetivo de facilitar el acceso a residencias a vecinos y trabajadores; un derecho que se ha convertido en una carrera de obstáculos en una comarca en la que los alquileres se han disparado, obligando a muchos de ellos a buscar refugio en furgonetas o caravanas.

En la provincia oriental, San Bartolomé de Tirajana también prevé hacer frente a esta emergencia habitacional. El ayuntamiento invertirá 40 millones de euros para su Plan de Vivienda 2023-2027 con el objetivo de promover la construcción de viviendas públicas asequibles para abordar la creciente demanda en esta área. También se llevará a cabo la adquisición de residencias desocupadas para convertirlas en propiedades destinadas al alquiler social, especialmente enfocado en aquellas personas con dificultades para encontrar domicilios asequibles en el municipio y zonas cercanas.

El crecimiento del parque de vivienda pública fue la gran promesa de Carolina Darias en campaña. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que durante su mandato la ciudad tendría 1.000 nuevas viviendas de alquiler a precio asequible y ya el pasado mes de noviembre se comenzaron a edificar las primeras 27 de ellas. Asimismo, el pasado mes de febrero, se comenzaron a construir otras 160 casas de este tipo en el barrio de Tamaraceite, en pleno centro de la capital oriental.

Faltará por ver si todas estas medidas impulsadas tanto por el Gobierno de Canarias como por los distintos consistorios, además de la construcción de vivienda privada podrán, si no atajar una realidad ya muy complicada, sí minimizar uno de los principales problemas que tiene el Archipiélago. Sin duda, es difícil la papeleta que tienen que afrontar las distintas administraciones para resolver el mercado residencial de las Islas.

Sus obligaciones como organizaciones que velan por el derecho de los ciudadanos es garantizar un acceso a una residencia digna; pero, asimismo, tampoco se puede obligar a que cada ciudadano explote sus bienes como crea conveniente, siempre dentro de la legalidad. Y es que igual, la clave está en mejorar salarios para que los residentes puedan acceder a estos alquileres prohibitivos. Sin duda, el problema es de fondo y la burbuja de los costes de los arrendamientos no tiene fácil solución. Es lo que pasa cuando un derecho fundamental se convierte en un bien de mercado.