Canarias elevará a Europa poder limitar la compra de viviendas a los no residentes

En zonas como Lajares, en el municipio de La Oliva, la compra de viviendas por extranjeros, sobrepasa con mucho la media del archipiélago

Ni el reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP), con las excepciones que en diferentes ámbitos ese nombramiento conlleva aparejado, parece ser óbice para que la Unión Europea (UE) acepte, o siquiera contemple, la demanda del archipiélago para limitar la compra de viviendas en las islas por parte de los extranjeros. El Ejecutivo regional vende su petición al Órgano comunitario como solución a la emergencia habitacional decretada por la propia Administración, aunque desde la oposición le afean esta decisión alegando que el verdadero problema es la casi inexistente construcción de inmuebles de carácter social, por lo que consideran que se trata de un brindis al sol para no encarar una cuestión de la que ellos también son responsables. En realidad todos los partidos políticos lo son.

En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, aseguró este martes que es prácticamente imposible repetir los datos de construcción de vivienda anteriores a 2008, porque Canarias no tiene suelo ni capacidad para edificar a ese ritmo, "ni necesidad probablemente". Y es que hasta ese años hubo ejercicios en los que en el archipiélago se llegaron a edificar 30.000 inmuebles, cifra correspondiente al mejor registro anual, pero en la última década el mayor número de edificaciones en un ejercicio es de 3.000, una producción "absolutamente insuficiente" para la demanda habitacional en las islas.

Y es que casi el 30 % de las compras de viviendas registradas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante 2023 corrió a cargo de no residentes, mientras que para el resto del archipiélago esta cifra se situó en el 20 %. Unos datos que para Rodríguez son "extraordinariamente llamativos" porque sumados a la emergencia habitacional hacen que la situación se torne “realmente preocupante”. No en vano, estos registros colocaron a las islas entre las tres comunidades autónomas de España donde más operaciones comerciales de este tipo fueron efectuadas por extranjeros, sobre todo pertenecientes a la UE. Por ello, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma preparan un estudio para pedir a Europa que se pueda limitar la adquisición de inmuebles por parte de foráneos que no residen en Canarias.

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Desde el Gobierno de Canarias se ha remarcado, y ahora que llegan las elecciones en clave europea aún más, que se va a hacer todo lo posible, hasta agotar la última posibilidad, para que la UE actúe con la comunidad autónoma como con Malta, Dinamarca o las islas finlandesas de Åland, territorios que limitan la compra de casas a los no residentes. Lo que ocurre es que, y el propio Ejecutivo lo sabe, esos países negociaron dichas excepciones antes del tratado de Adhesión a la organización de estados comunitarios. Además, regiones de Francia, Italia y Bélgica también lo intentaron, pero se encontraron con la negativa de la Unión Europea. En clave nacional, Baleares pidió en 2023 restringir la adquisición de inmuebles a los extranjeros, pero esta vez fue España, en la figura de Pedro Sánchez, quien le negó esta opción.

Para el candidato de Coalición Canaria al Parlamento Europeo, Carlos Alonso, su partido tiene tres vías para conseguir sacar adelante la propuesta de limitación de compra de vivienda por parte de los extranjeros. “La primera afecta tanto a la restricción de la residencia como a la de la vivienda, y es la vía fiscal. ¿Por qué? Porque la fiscalidad que se aplica a la renta personal o que tenga que ver con el saldo ambiental en forma de tasa no está armonizada”. La segunda “es la que establece el propio tratado en el capítulo que gestiona la libertad, y es que se puede limitar la libertad de movimiento de capitales o la libertad de establecimientos siempre que haya razones imperiosas de interés público”.

Y en tercer lugar, apostilla Alonso, “podemos ir por la vía de Malta”. Ya que “el artículo 25 del acta de adhesión de España a la UE que regula el acceso de Canarias, Ceuta y Melilla a la entonces Comunidad Económica Europea derivaba un protocolo número 2 que en su párrafo cuarto establece un procedimiento para modificar el régimen de integración de Canarias”. Este artículo “sigue en vigor, se puede volver a utilizar y ahí se podría incorporar una excepción nueva derivada de la aplicación del acta de adhesión de España, en su apartado de Canarias”.

A este respecto, la portavoz financiera de la Comisión Europea, Francesca Dalboni apuntaba que el organismo comunitario "prohíbe las restricciones a los movimientos de capital relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas viviendas, por parte de nacionales de la UE no residentes”. Pero añadió, tal y como también explicó Carlos Alonso, existen restricciones "que pueden estar justificadas por razones de orden público, de seguridad pública o por razones imperiosas de interés general, tal como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”.

Pablo Rodríguez aseguró que "hay pocas dudas de que se está desvirtuando el mercado inmobiliario de manera clara y no descartamos encontrar tanto a Europa como al Estado español como aliados ante esta circunstancia excepcional", ha proseguido el consejero, para precisar que "lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado y dejar de intentar una respuesta a la emergencia habitacional". Y estableció en tres, las premisas en las que Canarias va a basar sus alegaciones para convencer a la UE de que le conceda la potestad para limitar la compra de viviendas a los extranjeros: la exigencia de un tiempo mínimo de estancia en el país para poder adquirir una vivienda, la exigencia de una autorización previa a la hora de comprar y medidas fiscales y tributarias.