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Destapado en Fuerteventura y otras islas un fraude a la Seguridad Social de 5,5 millones

El fraude detectado corresponde a empresas de sectores como la restauración, la hostelería, actividades deportivas, el textil, la asesoría, la construcción, la inversión o la comunicación

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    La Policía Nacional ha destapado en Canarias un supuesto fraude a la Seguridad Social en el que están implicados hasta 34 empresarios, representantes de empresas o testaferros, a los que se acusa de haber eludido el pago de cuotas sociales por importe de 5,5 millones de euros, según informa la agencia EFE.

     

    Según ha informado la Policía un comunicado, las actividades defraudatorias que se atribuyen a esas personas afectan a cuatro islas: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

     

    Las investigaciones comenzaron a principios de año, cuando los agentes recibieron varias denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por empresarios que no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho, con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

      

    La Policía observó que "en todos los casos analizados se pretendía eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería de la Seguridad Social".

     

    Para ello, en varios de los casos, los investigados creaban sucesiones empresariales opacas y sociedades mercantiles "pantalla" con las que ocultar los beneficios obtenidos y el patrimonio de las empresas investigadas.

      

    El fraude detectado, que se calcula en más de 5,5 millones de euros, corresponde a empresas de sectores como la restauración, la hostelería, actividades deportivas, el textil, la asesoría, la construcción, la inversión o la comunicación.

      

    "Los 34 responsables han resultado ser principalmente los administradores de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia así como familiares de los primeros", precisa la Policía.

     

    A todos ellos, se les imputan delitos como fraude de cotizaciones, frustración a la ejecución, fraude de prestaciones, falsedad documental, estafa, contra el derecho de los trabajadores y malversación.

     

    Uno de los casos detectados, precisa la Policía, corresponde a una familia canaria que puso en marcha hace ocho años un plan para eludir el pago de las cuotas a Seguridad Social y evitar embargos de manera fraudulenta, operando con una nueva sociedad libre de cargas que facturaba de manera irregular las ventas realizadas de la deudora. Generó así una deuda de 326.166 euros.

     

    "Esta argucia permitió que la segunda empresa presentara cuentas anuales con beneficios a pesar de la elevada deuda de la primera sociedad. El negocio era altamente rentable, celebrando multitudinarios eventos de hasta 600 asistentes con los que se llegaba a facturar importes de entre 30.000 y 35.000 euros", añade 

     

    Con el fin de evitar que los acreedores pudieran cobrar, aseguran los investigadores, los sospechosos ocultaron sus beneficios a través de ingresos en efectivo realizándose todos los pagos en metálico, incluidos los salarios de los trabajadores.

     

    "Llegaba a tal extremo que en algún evento de más de 300 comensales se cobró en efectivo sin aceptar pagos con tarjeta, y aún teniendo operativo el terminal punto de venta, era habitual ver colocado un cartel en el que se podía leer 'TPV estropeado'", detalla el comunicado.

     

     

    La Policía asegura que "no era raro que el personal que se contrataba trabajase 60 horas a la semana, ni que en los días que había eventos las jornadas se convirtieran en verdaderos maratones de 13 o 14 horas que no eran compensadas, o que hubiera trabajadores sin alta en la Seguridad Social".

     

     

     

     

     

    "Sin embargo, el empresario, que conocía la precaria situación de uno de ellos, aprovechó para despedirle de manera oficial aunque le retuvo cinco años como personal fijo sin contrato y le rebajó el salario de 1.200 a 900 euros. Además, le quitó la posibilidad de coger vacaciones, no retribuyéndole los periodos de descanso no disfrutados", apuntan los agentes responsables del caso.

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