El congreso tumba el “Decreto Maricarmen”
La posición de Junts deja sin efecto las medidas
El pleno del Congreso ha rechazado este viernes, con la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley de vivienda que contenía medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.
La votación -172 votos a favor y 178 en contra- se ha celebrado por llamamiento de los diputados uno por uno, tras un encendido debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el bloque de partidos a la izquierda del PSOE han acusado al de derechas de estar del lado de los "buitres" y no de la "gente".
Aunque no estaba previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran "valientes" y "coherentes" y apoyaran unas medidas "ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones".
De lo contrario, "el daño a nuestro país será inmenso", ha apuntado Sánchez, que ha dirigido su mensaje a PP y Junts.
Junts en contra "sea cual sea el precio"
También la ministra de Vivienda ha intentado hasta el final que Junts cambiara de opinión y se abstuviera, lo que hubiera servido para aprobar el decreto, pero su portavoz, Miriam Nogueras, ha mantenido su rechazo "sea cual sea el precio" político que tenga que pagar por ello, ha dicho.
Nogueras, por su parte, ha llamado al Gobierno hasta el último momento a que retirara los dos decretos de vivienda que se debaten hoy para negociar otro a partir de un texto que le ha enviado.
El Ejecutivo se ha negado y la ministra le ha recordado que el 90 % de las medidas de su texto están recogidas en el decreto.
Desde el bloque de la izquierda, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG han arremetido también contra el de la derecha, a la que han situado del lado de los "especuladores" y los "buitres", mientras que el PP y Vox han coincidido con Junts en que el decreto ni soluciona el problema de la vivienda, ni protege a los más vulnerables, ni impide que los "fondos buitre" hagan negocio o los desahucios.
El PNV, por su parte, ha lamentado que la "ceguera e intolerancia" de algunos grupos vaya a impedir un acuerdo de mínimos en materia de vivienda y ha criticado al Gobierno por "no haber hecho bien las cosas" y tratar de legislar "en caliente".
Durante el debate, tanto de este decreto como del segundo- ha planeado la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas, aunque abiertamente los únicos que lo han pedido ha sido la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido y el de UPN Alberto Catalán.
El decreto que ha derogado el Congreso, con los votos a favor del el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria, incluye medidas que todos los grupos parlamentarios de la mayoría de investidura han defendido en algún momento de la legislatura o han hecho llegar al Ministerio de vivienda.
Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).
