El incremento del precio de la vivienda “estrangula” a la economía canaria

La situación tiende a empeorar con precios desorbitados que en algunas zonas se llevan el 90 por ciento del salario medio

Fuerteventura agoniza desde el punto de vista de acceso a la vivienda, pero la situación seguirá empeorando y todo apunta a que en un lustro los problemas de convivencia serán muy complicados en la isla.

La falta de viviendas para las rentas medias, el auge “sin tino” del vacacional, ayuntamientos sin plan general que siguen dando licencias y licencias de chalets que quedan en mano de extranjeros y son pasto de este nuevo turismo devorador.

Políticos que miran a otro lado y esquivan el debate argumentando que Europa tiene que limitar esto. Hasta el presidente Clavijo ha sido claro, “la responsabilidad de los ayuntamientos es muy alta”.

La economía de las personas sigue cayendo en picado

La falta de viviendas en el Archipiélago está siendo un factor que está repercutiendo de lleno en la economía y en el turismo del territorio insular. Los trabajadores del ámbito turístico se están viendo abocados a unas cuotas mensuales de alquiler inasumibles para vivir donde ejercen su trabajo, y son muchos los que tienen que coexistir en furgonetas por el inasumible coste de los inmuebles -tanto en alquiler como en propiedad- . Y es que el imparable ascenso de los costes, que actualmente "solo" afecta a los jóvenes y a las rentas bajas terminará "estrangulando" al conjunto de la población. Así lo indica el informe del Consejo Económico y Social 2023.

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El informe constata cómo los canarios tienen que destinar una tercera parte de sus ingresos a pagar por su vivienda, independientemente del tipo de propiedad, considerándose como uno de los principales desafíos sociales. Sin embargo, no solo el Archipiélago está en el centro de la picota, Madrid y Cataluña son las otras dos autonomías que padecen una importante diverja entre el aumento del número de familias y la cantidad de residencias, que no crece y que en algunas zona del Estado no hay disponibilidad alguna.

El acceso a una vivienda digna y adecuada en Canarias, desde la crisis inmobiliaria iniciada en 2008, a la que siguió la crisis económico-financiera que afectó a las Administraciones Públicas, se caracteriza fundamentalmente por la falta de oferta suficiente, tanto de vivienda libre como de protegida, para atender una demanda en constante crecimiento tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler. Sumado al reducido número de casas protegidas construidas en los últimos años limita las posibilidades de acceso de las personas y las familias, constatando una "emergencia habitacional" más que evidente, algo que corrobora la memoria del CES.

Por ende, las previsiones no son halagüeñas de cara a los próximos ejercicios. La población se espera siga creciendo y el territorio, tan limitado como el insular, no dará abasto para la construcción de más viviendas. De ahí, que el Ejecutivo regional haya pisado el acelerador para tratar de poner coto a una solución que se antoja complicada, sobre todo en materia de vivienda vacacional, para la cual ha confirmado el presidente autonómico, Fernando Clavijo, “se llega tarde”.

Y si complejo se presupone limitar las viviendas a alquiler vacacional más lo será aún poner coto a la compra de viviendas por parte de extranjeros en el Archipiélago. Otro asunto en el que ya trabaja el Gobierno canario. El 41 % de las residencias que se vendieron en Canarias el pasado año las adquirieron ciudadanos internacionales, sobre todo italianos y británicos. Sin embargo, las Islas tienen difícil este ejercicio porque hay que respetar el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que no se puede limitar la libre circulación de capitales ni la compra de bienes. Y esa es la razón por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó la misma propuesta que hicieron unos municipios de Flandes, en Bélgica. 

El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, explicó que en la medida en que el problema siga "engordando" como lo ha hecho en los últimos años, "el crecimiento económico se verá perjudicado porque dificultará la movilidad" de los trabajadores, así como "el crecimiento de las actividades que precisen mano de obra y no la encuentren en los territorios donde precisamente más fuerza laboral necesitan". En este sentido, es un sinsentido observar como autonomías que se desarrollan gracias a este ámbito económico (turismo) sus trabajadores no encuentran una vivienda en condiciones adecuadas para residir por su alto coste. Costas no describió comunidad autónoma en particular, pero el documento del CES permite advertir que el Archipiélago es la autonomía peor perjudicada.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo para la elaboración de la Memoria, José Ignacio Conde-Ruiz señala que "el crecimiento se concentra en unas áreas y si allí hay problemas de vivienda", esas economías pueden "sufrir". Igualmente, la turbulencia de costes involucra otro "efecto", según el presidente del CES, respectivo a una "mayor inflación" si se agudiza el problema.

El parque de viviendas en el Archipiélago se incrementó entre 2012 y 2022 un 4 %, menos de la mitad de lo que aumentaron las propiedades. De igual modo, la cantidad de residencias se agrandó menos en las dos grandes ciudades del estado, Madrid – que progresó menos de un 6 % y Cataluña- por debajo del 4 %-. De ahí, que los tres territorios sean los que obtengan un mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda de inmuebles. 

La potencial demanda siempre ha sido mucho más alta que la oferta, pero la brecha comenzó a ensancharse tras el estallido de la pandemia del coronavirus. El cambio en las preferencias habitacionales de los ciudadanos ha impulsado una demanda muy intensa durante los últimos ejercicios y el alza de los tipos de interés la ha concentrado y acelerado todavía más. El desequilibrio existente entre oferta y demanda empuja los precios al alza de manera brusca, haciendo que la dificultad de acceso a la vivienda se incremente. Un problema económico que están viviendo con especial crudeza los más jóvenes, que tienen que destinar más del 90 % de su salario para el alquiler.