El parlamento canario aprueba la Ley de Vivienda Vacacional
De León dice que la ley canaria de alquiler vacacional "inicia un camino" para ordenar y equilibrar esta modalidad
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha afirmado este miércoles que "hoy se inicia un camino hacia la planificación, la gestión, la ordenación y la disciplina urbanística" tras la aprobación de la ley de alquiler vacacional.
En su opinión, "entendiendo que el derecho a la vivienda, la función social de la vivienda a la que tienen derecho 2,2 millones de canarios, hay que equilibrarla con una actividad económica que ha venido para quedarse y que defendemos, pero con orden, con mesura y con equilibrio en el territorio".
De León ha insistido en que "se trata de una regulación que busca compatibilizar el legítimo ejercicio de esta actividad con el interés general, la ley aborda cuestiones que la ciudadanía ha pedido reflexionar, como los límites del territorio y de esta modalidad turística, que hasta ahora no contaba con topes cuantitativos ni cualitativos".
Por primera vez, ha insistido, "Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional, tras diez años de vigencia de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias".
La consejera precisó también que el articulado de la norma establece que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto vigente podrán continuar desarrollando su actividad con normalidad, e hizo un llamamiento a todos los propietarios de viviendas vacacionales para que continúen presentando la actividad clasificada.
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"Es un trámite necesario dentro del marco legal, pero perfectamente asumible en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Cumplir con este procedimiento garantiza que puedan seguir desarrollando su actividad con plena seguridad jurídica y contribuye, además, a reforzar la transparencia y la profesionalidad del sector. Con ello, avanzamos juntos hacia un modelo de turismo más sostenible, responsable y respetuoso con la convivencia en Canarias", subrayó.
En Canarias, el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% de ellas y el 55,5 % de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales.
De León recordó que "no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente, y estos podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos, garantizando siempre que estas decisiones no afecten la calidad de vida de los residentes".
Con la nueva legislación, el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional, y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para poner en marcha el plan de inspección correspondiente.
