Empiezan a declarar en los juzgados de Puerto del Rosario los investigados en el caso Baku
El caso Baku plantea una supuesta corrupción urbanística en Corralejo, relacionado con la posible ilegalidad en la construcción del conocido parque norteño
Redacción NoticiasFuerteventura
El juez del caso Baku investiga la posible ilegalidad de la construcción en Corralejo de un parque de ocio acuático, un minigolf, una zona infantil, un jardín botánico, un centro cultural, una clínica privada, un restaurante canario, un mercado de artesanía, un bingo y una bolera, una zona de pubs y aparcamientos exteriores.
Investigados.
Investigados los tres últimos alcaldes de la Oliva, 15 concejales de diferentes épocas del ayuntamiento de la Oliva, el secretario del ayuntamiento y el arquitecto municipal.
Recordar que uno de los concejales llamados a declarar el día de hoy es Felipe Miranda, denunciado recientemente a la Fiscalía por el grupo político Votemos La Oliva en relación al llamado caso Hamacas, que la Fiscalía investiga por presunta corrupción en el concurso público de concesión y explotación de este servicio de playas en el Ayuntamiento de La Oliva.
Los tres anteriores alcaldes de la Oliva están siendo investigados por prevaricación administrativa y urbanística y malversación de caudales públicos. Estos son Domingo González Arroyo ahora en las filas del Partido Popular Majorero (PPMajo) y entonces en el Partido Popular (PP), Claudina Morales (CC) y Rosa Fernández (PSOE).
De los 15 concejales investigados, 13 son los concejales del Ayuntamiento de La Oliva en el mandato de 1999 a 2003.
Entre estos 13 investigados hay ocho miembros del Partido Popular, tres del partido Socialista y dos de Coalición Canaria que fueron concejales. Están imputados por prevaricación administrativa, urbanística y de malversación de caudales públicos.
Según representantes de el Partido Alternativa Democrática por Fuerteventura ADF hay más irregularidades en el caso Baku, ya que una vez que se le permite edificar a ‘Joca’, “no se cobraron los impuestos municipales, que ascendían al millón de euros, a pesar de que la concesión del suelo estaba estipulada en 50 años.
El juez instructor remarca que las instalaciones del parque acuático debieron considerarse como uso turístico, según la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias.
El caso se inicia en noviembre del 2002.
En abril de 2003, el Ayuntamiento adjudicó el contrato, por una cantidad de 17,44 millones de euros, a Joca Ingeniería y Construcciones, la única empresa licitadora, que debía pagar un canon de 36.000 euros por cada uno de los 47 años que duraba la concesión.
La aprobación definitiva del proyecto de ejecución fue el 21 de noviembre de 2003, ya con Claudina Morales de Coalición Canaria, como alcaldesa, motivo por el que también se encuentra investigada.
