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Europa camina hacia endurecer las condiciones de la inmigración y asilo

El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea acuerdan un nuevo pacto migratorio “más duro y claro”

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    Acuerdo entre los colegisladores de la Unión Europea para poner en pie un nuevo Pacto de Migración y Asilo que ponga fin a más de ocho años de vacío después de que el reglamento de Dublín saltara por los aires tras la crisis migratoria de 2015 y 2016.

     

    El pacto, que todavía tiene que ser votado por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo de la Unión Europea, estaba pendiente de un acuerdo global que incluyera las últimas cinco piezas que quedaban pendientes del pacto, algo que, tras iniciar una nueva ronda de negociaciones este lunes 18 de diciembre, han logrado concluir este miércoles por la mañana.

     

    “Hoy es un día verdaderamente histórico, ya que hemos cumplido con el Pacto sobre Migración y Asilo, posiblemente el paquete legislativo más importante de este mandato”, ha explicado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que ha explicado que la Unión Europea ha conseguido un paquete “que funcione y que proteja, que sea humano, firme con los que no son elegibles y duro con los que buscan explotar a los más vulnerables”.

     

    “Lo que hay sobre la mesa es mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora”, ha señalado la maltesa. Sin embargo, los críticos del acuerdo señalan que se trata de un mal pacto que solamente sirve para acudir a las elecciones europeas de junio de 2024 con la victoria política de haber cerrado el dosier. Un conjunto de 50 organizaciones escribieron este pasado lunes a los negociadores de la Eurocámara, advirtiéndoles de que el pacto “reflejará los enfoques fallidos del pasado y empeorará sus consecuencias”.

     

    “Actualmente, existe un riesgo importante de que el pacto dé como resultado un sistema cruel, costoso y que funcione mal, que se desmorone durante su implementación y deje cuestiones críticas sin abordar”, señalaban las organizaciones. Los críticos señalan que el nuevo sistema, que da un plazo de 12 semanas para procesar la solicitud de asilo, y un máximo de seis meses para la devolución de aquellos cuya solicitud haya sido rechazada, provocará que los centros de refugiados se vean todavía más llenos y sean más difíciles de gestionar.

     

    Para la Eurocámara y para muchos Estados miembros, era fundamental cerrar un acuerdo antes de final de 2023. La migración se ha convertido en un asunto crítico, central en el debate político nacional de la mayoría de los países europeos, como ha demostrado la crisis política vivida en Francia para sacar adelante una ley migratoria o la victoria electoral de la extrema derecha de Geert Wilders en Países Bajos y los buenos resultados de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales alemanas. Según datos de Frontex de diciembre, 2023 fue el año en el que más entradas irregulares se produjeron desde el año 2016 y esta presión migratoria está de nuevo estirando las costuras de Schengen, con muchos Estados miembros introduciendo controles fronterizos.

     

    El pacto, que lo conforman 14 textos legislativos distintos que cubren la gestión migratoria desde el momento en el que un migrante llega al país de primera línea hasta que su solicitud de asilo es aceptada o rechazada, busca poner fin a una gestión basada en soluciones ad hoc entre Estados miembros con una total falta de estrategia común y a una negativa por parte de algunos países a ayudar a gestionar la presión migratoria a los Estados de primera línea.

     

    El acuerdo establece un mecanismo claro, que sea más estricto y rápido, por ejemplo, estableciendo un plazo máximo de siete días para realizar el llamado screening del solicitante de asilo, dará más claridad en la gestión de llegadas, reparto de responsabilidades y un sistema más contundente en las devoluciones de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea.

     

    Solidaridad obligatoria o contribuciones financieras

     

    El acuerdo pone en marcha un mecanismo de “solidaridad obligatoria”, aunque flexible, con los países que sean reconocidos como “sujetos a presión migratoria”, como es claramente el caso de Italia o España. Con estos países, el resto de Estados miembros podrán elegir si reubicar a solicitantes de asilo que se encuentren en estos países sometidos a una especial presión migratoria, o realizar contribuciones financieras. Esta era la idea original de la Comisión Europea, que buscaba introducir algún tipo de solidaridad sin llegar a las cuotas obligatorias que hicieron saltar por los aires el anterior sistema ante la negativa de muchos Estados miembros de cumplir con sus obligaciones.

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