Fuerteventura y Lanzarote dan un portazo a las Zonas de Aceleración de Renovables del Gobierno
Ambos cabildos reclaman una transición energética que proteja el territorio y el paisaje insular
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han unido posiciones para mostrar su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
A través de un manifiesto conjunto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, han trasladado una postura firme en defensa del territorio, el paisaje y un modelo de transición energética adaptado a la realidad de ambas islas.
La publicación de los mapas iniciales de estas zonas ha generado preocupación social, al considerar que podrían favorecer la implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico. Según los cabildos, esta filosofía resulta incompatible con el modelo territorial de dos islas que han construido su desarrollo en torno a la protección de su paisaje y su patrimonio natural.
Ambas instituciones recuerdan que tanto Lanzarote como Fuerteventura cuentan con un fuerte compromiso ambiental y están reconocidas como Reserva de la Biosfera de Lanzarote y Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.
Los cabildos defienden que la transición energética debe priorizar la instalación de energías renovables en cubiertas y edificaciones ya existentes antes de ocupar suelo rústico. Además, solicitan que se realicen estudios rigurosos sobre el potencial real de implantación de estas energías en infraestructuras actuales.
Asimismo, ambas instituciones han mostrado su preocupación por el decreto aprobado en enero de 2026 que elimina la evaluación ambiental para determinados proyectos ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables. En este sentido, han solicitado al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de dicha evaluación para todos los proyectos.
Finalmente, los cabildos insisten en que las instituciones insulares deben tener la última palabra en la autorización territorial de proyectos energéticos y reiteran su compromiso con el desarrollo de energías renovables, siempre que se realice con respeto al territorio y al paisaje.
