La Fiscalía pone pegas a registrar el despacho de Juan Bernardo Fuentes en el Congreso
La Unidad de Delitos Tecnológicos solicitó la entrada para intervenir su ordenador, pero el fiscal dice a la juez que pida permiso primero a Batet
La Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional ha pedido a la juez de Tenerife que investiga el caso Mediador permiso para realizar una entrada y registro en el despacho del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados y la Fiscalía Anticorrupción no ve claro que pueda hacerse: dice que primero hay que pedir permiso a la institución que preside Meritxel Batet, afirma el diario de tirada nacional ABC.
«El Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado. Si bien es cierto que existe un procedimiento penal abierto y que la petición formulada ya se ha acordado respecto del domicilio personal del investigado y de los domicilios jurídicos vinculados al mismo, tal pretensión no puede extenderse a lo hoy solicitado», dice el informe al que tuvo acceso ABC.
Propone, para «dar cumplimiento al fin perseguido por la instrucción y en particular con la medida solicitada» enviar «atento oficio» a la Secretaria General del Congreso de los Diputados «a los efectos de que autoricen a la comisión policial el acceso a la dependencias de la Cámara con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas, incluida la participación de la Comisaría de Policía Nacional del Congreso de los Diputados para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo».
«Una vez que los equipos informáticos estén en poder de los agentes actuantes, la Fiscalía solicita que se proceda a la concesión de autorización judicial para que lleven a cabo la práctica de las diligencias que recogen en el oficio policial precedente autorizando, incluso, el cambio de claves de acceso con las prevenciones lógicas y adecuadas a esta medida, medidas que en definitiva ya se acordaron en idénticas situaciones respecto del domicilio particular y profesional del investigado», dice el informe.
