Abierto el debate en el parlamento sobre la compra de residencia por extranjeros en Canarias
Un territorio frágil, una posición política, o una necesidad social serían las claves de la propuesta final
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, abordó este lunes en comisión parlamentaria un asunto que ha encendido la chispa y el debate público en las Islas en los últimos tiempos: la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros. La parlamentaria del Partido Popular recordó que cualquier intento de prohibir este fenómeno debe encuadrarse estrictamente en el marco legal de Europa, que protege la libre circulación de capitales, incluida la compraventa de inmuebles.
Durante su comparecencia, Asián explicó que, al tratarse de un movimiento de capitales, la compra de segundas residencias por ciudadanos comunitarios se encuentra amparada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las únicas excepciones permitidas a esta libertad deben estar justificadas por razones imperiosas de interés general, y sujetas a los principios de no discriminación y proporcionalidad.
"No basta con una decisión política o una preocupación social, advirtió la consejera. Las restricciones deben estar muy bien fundamentadas y alineadas con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señaló la consejera del Ejecutivo regional.
Precedentes en Europa
Asián señaló que en algunos procesos de adhesión a la UE, determinados estados lograron incluir excepciones territoriales al régimen general de libre circulación de capitales. Es el caso de países como Dinamarca, Finlandia y Malta, donde se han mantenido restricciones permanentes a la compra de propiedades en zonas sensibles por razones demográficas o medioambientales. Otras naciones, como Bulgaria, Estonia y Hungría, también conservaron limitaciones vigentes al 31 de diciembre de 1993 o de 1999, según el caso.
¿Y Canarias?
La pregunta que sobrevuela el debate es: ¿Podría Canarias aplicar medidas similares? La consejera no lo descartó, pero advirtió que cualquier iniciativa debe cumplir con estrictas condiciones: demostrar que el objetivo de la medida es proteger un interés general -como evitar la despoblación o fomentar actividades económicas distintas al turismo- y garantizar que la medida no discrimine por nacionalidad ni sea excesiva en su alcance.
En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE ha sido claro: los regímenes de autorización previa para comprar vivienda -como exigir permisos especiales a extranjeros- no son legales, aunque sí pueden imponerse sanciones si no se declara correctamente el uso previsto del inmueble en aquellos países donde esa obligación esté regulada.
El debate sobre el acceso a la vivienda
Este posicionamiento se produce en un momento de creciente presión sobre el mercado inmobiliario canario, donde se ha disparado la compra de propiedades por parte de no residentes, alimentando un fenómeno de encarecimiento que dificulta el acceso a la vivienda para la población local, especialmente a los más jóvenes. Según datos del Colegio de Registradores, en 2024 casi el 30 % de las compraventas en las Islas fueron realizadas por extranjeros, con especial incidencia en zonas costeras y de alta demanda turística.
Los partidos con representación en el Parlamento canario viven exigiendo al Gobierno canario medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. Algunas formaciones han planteado limitar o gravar las compras de segundas residencias por parte de no residentes, pero las declaraciones de Asián dejan claro que cualquier iniciativa de este tipo tendrá que sortear un estrecho marco legal europeo. Fuerzas políticas que, todo hay que decir, cuando gobernaban no movieron un ápice para revertir esta situación ni le han pedido al presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, que el anunció en enero de prohibir la compra de viviendas a extranjeros se cumpla de una vez por todas.
