Los pensionistas canarios deberán abonar un porcentaje del coste de sus medicamentos
Los jubilados con rentas inferiores a 18.000 euros anuales tendrán un tope máximo de aportación mensual de 8,23 euros
La Consejería de Sanidad informa de que el Consejo de Gobierno de Canarias, en su reunión del pasado 19 de diciembre, decidió no renovar el Decreto 78/2019, que regulaba la gratuidad de la prestación farmacéutica a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales a través de una subvención que finalizó el pasado 31 de diciembre.
De esta forma, a partir del 1 de enero de 2020, todos estos pacientes abonarán el importe correspondiente a los medicamentos, con los topes derivados de su código TSI (Tarjeta Sanitaria Individual) para las prescripciones financiadas. En el caso de las personas con TSI 002-01, las afectadas por el Decreto, la aportación establecida es de un 10% del PVP de los medicamentos prescritos, con un tope máximo de aportación mensual de 8,23 euros.
En cualquier caso, la eliminación del copago farmacéutico continúa siendo uno de los objetivos del Estado, tal y como se formula en el Acuerdo de Gobierno suscrito recientemente entre el PSOE y Unidas Podemos, en el que se insiste en la progresiva eliminación del copago, tal y como ya se formuló en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Con todo, la Consejería de Sanidad afirma que "mantiene su firme apuesta por esa iniciativa, comprometiéndose en la búsqueda de alternativas, en el caso de que no prosperara ese acuerdo nacional, que no supongan un perjuicio para los pensionistas canarios".
El Decreto 78/2019, de 6 de mayo, implicaba una subvención correspondiente sólo a 2019, sin disponer de una financiación específica y sin arbitrar los créditos presupuestarios necesarios para su sostenibilidad futura. "De hecho, su continuidad en posteriores ejercicios presupuestarios estaba condicionada a la necesidad de seguimiento y evaluación de los índices de adherencia a los tratamientos, sin concretar qué estándares era necesario alcanzar para determinar esa continuidad", afirma la consejería en una nota de prensa.
En esa línea, "el Decreto basaba su conveniencia en que supondría un aumento de la adherencia a los tratamientos. Sin embargo, el Servicio de Farmacia de la Dirección General de Programas Asistenciales realiza un análisis de los datos de forma sistemática, de manera que sólo se puede evaluar la retirada de los medicamentos prescritos y no su uso real. De esos datos se desprende que, durante 2019, se produjo un incremento en las dispensaciones de un 6’45% entre ese sector de la población, pero no se puede concluir que ello suponga un aumento de la adherencia. De esta forma, no se ha cumplido con la obligada monitorización del colectivo destinatario, a fin de determinar si efectivamente la subvención venía cumpliendo el objetivo perseguido, que no era otro que garantizar la adherencia a los tratamientos médicos de aquellas personas con rentas más bajas".
CC señala que “el Gobierno de Torres quita sin previo aviso los medicamentos gratuitos a casi 300.000 jubilados”
Recuerda que la gratuidad de los medicamentos fue puesta en marcha por el Gobierno nacionalista hace un año y beneficiaba a jubilados de rentas inferiores a 18.000 euros.
Coalición Canaria, en una nota prensa, señala que “el Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres ha anulado, sin previo aviso, el decreto que permitía la gratuidad de los medicamentos a casi 300.000 jubilados canarios”. Para el senador nacionalista Fernando Clavijo, “una decisión dolorosa e injusta que afecta directamente a los más vulnerables, personas mayores de rentas bajas, que además se ha puesto en marcha sin aviso previo generando una alarma y una preocupación innecesaria entre farmacéuticos y afectados”.
Para Clavijo, se apunta en la nota, “cuyo Gobierno aprobó esta medida” hace un año, “es impropio de un Ejecutivo que se insiste en proclamar progresista, un recorte tan brutal y con una incidencia tan directa en la calidad de vida de casi 300.000 canarios y canarias”, al tiempo que recordó que “esta medida tiene un coste de unos 14 millones de euros una cifra perfectamente asumible por un Gobierno que presume de ser progresista”.
El senador nacionalista también apuntó que “esta medida, criticada en su momento por el mismo PSOE que la ha recortado, ha sido una de las medidas más justas, más solidarias y más progresistas que se han aprobado en los últimos años en Canarias”.
