Toda Canarias se une para demandar el cambio en la Ley de Extranjería

El Gobierno de Canarias, los siete cabildos, los 88 ayuntamientos y 16 entidades sociales firman un acuerdo histórico

Como viene sucediendo durante los últimos meses, el problema migratorio sin precedentes al que se enfrenta Canarias, con la acogida de casi 6.000 menores no acompañados y su hipotético, deseado y hasta el momento infructuoso traslado a otras comunidades autónomas del país, ha vuelto a ser protagonista de la jornada. Con la vista puesta en la próxima Comisión Sectorial de la Infancia que se celebrará el miércoles en Tenerife, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, se reunió este lunes con los portavoces parlamentarios, representantes de los Cabildos insulares, ayuntamientos, asociaciones y organizaciones humanitarias del Archipiélago para mostrar una imagen de unidad entre todas las instituciones de las islas. El encuentro culminó con la firma de un documento rubricado por todos los presentes, excepto Vox, para apoyar sin fisuras el acuerdo impulsado por el Ejecutivo autonómico y la Administración estatal para reformar la Ley de Extranjería.

Este “frente sin precedentes”, que se ha conformado para la defensa de las Islas ante el problema migratorio que están afrontando en solitario, apoyó la propuesta presentada en el Congreso de los Diputados, a los portavoces de las fuerzas políticas, el pasado 25 y 26 de junio “para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores; y reclamen el apoyo y su aprobación por parte del Gobierno de España y la Cortes Generales”. Además de mostrar una imagen de unidad entre todos los organismos de las islas, esta cohesión es crucial para conseguir el apoyo del resto de las autonomías a las que se les explicará el contenido documento.

Al finalizar la reunión, el presidente del Archipiélago, afirmó que Canarias “acaba de demostrar que sólo tiene una voz en la gestión migratoria” y mostró su deseo de que “esa voz sea escuchada y atendida por el resto de comunidades autónomas, por el Estado y por la Unión Europea”, en un periplo que prosigue en la Comisión Sectorial de la Infancia del miércoles, y en la que se pondrá a prueba “si somos un país capaz de dar respuesta a una crisis humanitaria o si seguimos viviendo de espaldas al fenómeno migratorio dejando sola a Canarias”.

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Además de Clavijo, estuvieron presentes en este vital acuerdo el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; la titular del área de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y sus homólogos de Gran Canaria, Antonio Morales, y de La Gomera, Casimiro Curbelo; los portavoces parlamentarios del PSOE y Nueva Canarias-BC, Sebastián Franquis y Carmen Hernández, respectivamente; o la presidenta de la Fecam, Mari Brito, entre muchos otros, hasta alcanzar el medio centenar de representantes políticos y sociales de las islas. En total, las siete instituciones insulares, los 88 ayuntamientos y 16 entidades del Tercer Sector.

La modificación de la Ley de Extranjería y el apoyo Feijóo

La medida propone modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer la obligatoriedad de todas las comunidades autónomas de acoger y atender a los menores inmigrantes que hayan llegado a zonas cuyos recursos estén tensionados, como ocurre con Canarias, Ceuta y Melilla. La reforma legal que se plantea necesitará el apoyo de los grupos parlamentarios para salir adelante y hasta el momento todas las miradas se dirigían al Partido Popular.

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en la mañana de este lunes, durante una comparecencia en el Parlament de Catalunya, que las autonomías gobernadas por el PP "pondrán a disposición" del Gobierno central y del Ejecutivo canario "su capacidad para atender a los menores", despejando así las incógnitas que se cernían sobre algunos de los territorios comandados por los populares, y cuyos responsables habían realizado algunas declaraciones negándose a acoger inmigrantes en edad infantil o adolescente provenientes de los centros del archipiélago.

Para el político gallego, España históricamente ha sido “solidaria en la recepción de menores”, eso sí “siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles". E insistió en que “fuera de sus centros” de acogida y de los recursos instalados “me imagino que tendrán dificultades para poder atenderlos como se merecen". Aún con esta excepción todo hace parecer que el PP apoyará el texto que reformará la Ley de Extranjería y que procurará el traslado de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias hacia otras autonomías, y que se inicie así un sistema de reparto en el que se integren los que prosigan llegando a las costas de las islas, así como a Ceuta y Melilla.

El texto acordado por Canarias y el Estado para la reforma

La reforma de la Ley de Extranjería acordada entre la Administración canaria y la estatal, más allá de los recelos que puedan despertar entre las diferentes comunidades autónomas, plantea, casi desde el inicio de la negociación, una incógnita que ha mantenido a las partes alejadas entre sí: mientras que el archipiélago defiende que esta modificación se lleve a cabo mediante un decreto ley, ya que permitiría una rápida aplicación una vez se apruebe, el Estado prefiere que se haga en la figura de proposición de ley. Hasta el momento, y a falta de otros flecos, esta cuestión no está cerrada.

El texto, denominado por Clavijo en el mes de abril como un “acuerdo histórico”, establece que las comunidades en situación de “contingencia de emergencia migratoria”, o lo que es lo mismo, que superen su capacidad de acogida de menores en un 150%, y que en este caso son Canarias, Ceuta y Melilla, deriven al territorio nacional el 50% de estos. Una vez alcanzada la saturación de las instalaciones, las comunidades autónomas receptoras tendrán un plazo máximo de 12 meses para realizar las acciones oportunas –incluida la prueba ósea– que les permitan darles cobijo correctamente.

Para el Archipiélago dicha saturación se ha establecido en 3.000, y en 2.000 el cupo límite de menores que se pueden atender con todas las garantías, por lo que si ahora mismo entrase en vigor esta normativa, se trasladarían al resto del territorio nacional unos 2.500, al contar Canarias con más de 5.600 acogidos en unas 80 instalaciones, aproximadamente. El criterio de reparto se aplicaría en función de los preceptos acordados en la Conferencia Sectorial de Migración celebrada en 2022 con las autonomías, tales como el PIB o la población.