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Septiembre será un mes duro según los expertos

Inicio del cole y fin del Erte

 

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    El fin de prórrogas de los ERTE’s a partir del 30 de septiembre puede generar efectos negativos en la economía de muchas familias. Además del fin de estas prestaciones, septiembre constituye uno de los meses más inestables del calendario.



    En plena cuesta postvacacional se produce un incremento de gastos en concepto de material escolar y el reinicio de la vida en la ciudad. Además, este año la situación se ha tornado especialmente dramática con la mayor subida histórica del precio de la electricidad.



    Lamentablemente, hay previsiones de que el precio por megavatio por hora siga ascendiendo durante los próximos meses y supere los 106,57 euros en los que se sitúa en estos momentos dentro del mercado mayorista.

     

    Esta unión de circunstancias diversas podrá generar una mayor inestabilidad dentro de la economía de muchos españoles. De hecho, desde Financer.com España, portal comparador financiero líder en nuestro país espera un incremento de la solicitud de créditos de forma generalizada. Se espera que este panorama genere mayores necesidades de liquidez.  Esta mayor inestabilidad derivará a su vez en un incremento de las solicitudes de créditos 1000 euros en comparación con 2020, concretamente, en una proporción de un 4,37% durante el mes de septiembre. 


    No aplicación de nueva prórroga para el Erte 

     

    A partir del Real Decreto Ley 11/2021 la suspensión definitiva de los ERTEs quedó fijada en el 30 de septiembre de 2021. Esto significa por tanto la no aplicación de una nueva prórroga en un futuro cercano. ​​Los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) se han situado como la principal medida de protección económica frente a los efectos del coronavirus. Desde que la pandemia sanitaria estalló hacia marzo de 2020 las empresas que se vieron afectadas por los efectos del confinamiento, ya fuese por una suspensión de la actividad empresarial o por una reducción considerable de los volúmenes de producción, recibieron  potestad para suspender temporalmente y de forma masiva los contratos de sus trabajadores.

     

    Durante el periodo de suspensión por inactividad derivada de las restricciones sanitarias, fue la Seguridad Social la que asumió el coste de los Expedientes de Regulación. Estos se materializaron en una prestación que se correspondía en un 70% de la base reguladora del salario durante los seis primeros meses de inactividad y de un 50% a partir del séptimo.

     

    Si bien esta medida actuó como un muro de contención económica, es cierto que aún en la actualidad siguen perdurando los efectos de la crisis sanitaria. A pesar de que oficialmente el país ya no se encuentra en estado de alarma, la influencia del coronavirus sigue siendo un condicionante importante en la economía de muchas familias. Durante los últimos meses las medidas preventivas de la desescalada para reducir la incidencia de rebrotes ha continuado haciendo mella en muchos de los sectores más importantes que integran nuestra economía. El turismo y la hostelería han vuelto a ser los principales perjudicados. Como consecuencia, muchos empresarios, empleados y autónomos han continuado experimentando una caída en los volúmenes de producción (si no un mínimo incremento) y por lo tanto en los de facturación.