Canarias avanza en Transparencia
Las administraciones mejoran sus niveles de cumplimiento de publicidad activa, las reclamaciones por acceso a la información crecen un 18 %
La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, ha presentado hoy a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, su Informe Anual 2025, que confirma la consolidación del sistema de transparencia en el Archipiélago, con elevados niveles de cumplimiento por parte de las administraciones públicas y una tendencia continuada de mejora desde el inicio de las evaluaciones en 2016.
Durante el ejercicio 2025 fueron evaluadas 408 entidades del sector público, de las que el 92,4 % participaron en el proceso de evaluación. La nota media alcanzó los 8,44 puntos, mientras que las administraciones públicas territoriales obtuvieron una calificación media de 8,33 puntos, mejorando los resultados del ejercicio anterior y consolidando una evolución positiva del sistema de transparencia en Canarias.
La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, destacó que la transparencia en Canarias continúa avanzando gracias al compromiso de las administraciones públicas y de las entidades obligadas, pero también porque la evaluación se ha convertido en una herramienta útil para impulsar la mejora continua y fortalecer la rendición de cuentas.
El informe pone de relieve que el modelo de evaluación desarrollado por el Comisionado, a través del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), se ha consolidado como un sistema objetivo y homogéneo que favorece la mejora permanente de las instituciones. Durante 2025, además, se incorporaron soluciones basadas en inteligencia artificial para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y optimizar los procesos de evaluación.
Entre los resultados por sectores destacan las universidades públicas, que obtuvieron la máxima calificación (10), así como la comunidad autónoma, con una nota media de 9,02; los cabildos insulares, con 9,61; y las asociaciones públicas, con 9,23 puntos.
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El informe refleja igualmente una mejora significativa en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades privadas. En 2025 fueron convocadas a evaluación 1.101 entidades, incorporándose por primera vez los partidos políticos con representación parlamentaria, así como las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Participaron 784 entidades, con una nota media de 7,47 puntos, y más del 82 % superó la evaluación.
Incremento de las reclamaciones de derecho de acceso
En materia de derecho de acceso a la información pública, el Informe Anual constata un incremento del 18 % en las reclamaciones presentadas ante el Comisionado respecto al año anterior. En 2025, se recibieron 912 reclamaciones y se resolvieron 892 siendo el silencio administrativo el principal motivo lo que se evidencia la necesidad de seguir reforzando la cultura de respuesta de las administraciones públicas.
Del total de reclamaciones admitidas a trámite, el 85 % fueron estimadas en algún grado y aproximadamente el 90 % de las resoluciones emitidas por el Comisionado fueron finalmente cumplidas por las entidades afectadas.
El Informe Anual subraya asimismo que el incremento sostenido de las funciones asumidas por el Comisionado —evaluación de la transparencia, resolución de reclamaciones, asesoramiento, formación y acompañamiento a las entidades— hace imprescindible reforzar la dotación de recursos humanos y técnicos para garantizar una respuesta eficaz a las demandas de la ciudadanía y al creciente volumen de actividad.
Entre los principales hitos de 2025 figura también la presentación del primer Plan Estratégico 2025- 2029 del Comisionado de Transparencia de Canarias, una hoja de ruta orientada a fortalecer la institución, modernizar sus procesos, impulsar una transparencia más útil y accesible para la ciudadanía y consolidar el papel del órgano garante en el ámbito nacional.
Con los resultados del ejercicio 2025, el Comisionado reafirma su compromiso con una administración más abierta, responsable y cercana a la ciudadanía, en la que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública continúan consolidándose como pilares esenciales del buen gobierno y de la calidad democrática en Canarias.
